Uribe reprocha a la Corte por rechazar terna de Fiscal.

elespectador.com

31 de cotubre - politica

“Mejor que la hipocresía histórica de introducirle politiquería al valor de la Justicia, es traer el debate de cara al pueblo colombiano”, aseguró el Presidente.

El Jefe de Estado aseguró que el Gobierno ha sido respetuoso de la Constitución y por esta razón la terna presentada a la Corte Suprema de Justicia para elegir Fiscal General de la Nación cumple con los requisitos exigidos por la Carta Magna. Dijo que para ser Fiscal constitucionalmente no se debe ser especialista en Derecho Penal, pero sí cumplir con altos requisitos profesionales y personales que cumplen a cabalidad los candidatos presentados.

El presidente Álvaro Uribe Vélez aseguró este sábado que no se puede seguir diciendo que la terna presentada por el Gobierno, para que sea elegido el nuevo Fiscal General de la Nación, es inviable. “Lo que no puede entender el Gobierno es que se siga diciendo que la terna es inviable. Nosotros hemos examinado la terna desde el punto de vista de la competencia jurídica, desde el punto de vista de la legitimidad del Gobierno y desde el punto de vista de la idoneidad de los ternados”, aseguró.

Durante el Consejo Comunal de Gobierno que se llevó a cabo en Ibagué (Tolima), el Jefe de Estado indicó que para seleccionar a los integrantes de esta terna el Ejecutivo se ciñó con respeto a los requisitos exigidos por la Constitución, la cual no puede ser violada por capricho o juicios de valor. “Así como el Gobierno no puede eludir la Constitución, violar la Constitución por defecto o por exceso, tampoco pueden los otros organismos del Estado. El Presidente de la República no puede poner menos requisitos de los que exige la Constitución, pero tampoco al Presidente de la República se le pueden exigir para sus decisiones más requisitos de los que exige la Constitución”, manifestó el Mandatario.

Dijo que la terna fue presentada luego de revisar cada una de sus calidades profesionales y personales de los candidatos, de acuerdo con lo exigido constitucionalmente para este fin. Indicó que si el Gobierno hubiera presentado una terna que no cumplía con los requisitos constitucionales, lo procedente era atender las objeciones, proceder a retirar la terna y presentar una nueva.

Adicionalmente, expresó su extrañeza porque el Gobierno ha mantenido durante los meses anteriores un diálogo permanente con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para zanjar las diferencias frente a este tema. Aseguró que decidió llevar este tema a todos los colombianos y no seguirlo manejando de una forma que puede crear mantos de dudas sobre la actuación del Gobierno.

“Yo no lo sigo manejando en encerronas entre cuatro paredes en Bogotá, de espaldas al pueblo, para que finalmente los cálculos le presenten al país la protección ficticia de la Constitución a través de sepulcros blanqueados. Mejor que la hipocresía histórica de introducirle politiquería al valor de la Justicia, es traer el debate de cara al pueblo colombiano”, explicó Uribe Vélez.

Frente a las versiones en el sentido de si debe o no ser un penalista el que esté al frente de la Fiscalía, el Mandatario aseguró que ese es un juicio de valor, y no un requisito exigido constitucionalmente. “Y ese tema es un tema bastante discutible. ¿Por qué? Porque la competencia académica y profesional para ser Fiscal General de la Nación puede darse o puede no darse en un penalista. Puede ser mejor en un penalista que en un abogado que no tenga la especialidad del Derecho Penal o puede ser mejor en un abogado que no tenga esa especialidad del Derecho Penal. Lo cierto es que la Constitución y la Ley no exigen que sea penalista.

“Y cuando se trata de respetar a las instituciones, quiero recordarles a los colombianos que el respeto a las instituciones no es motivo de juicios caprichosos de valor, es motivo de análisis objetivo. La primera institución que hay que respetar es la Constitución”, expresó el Presidente.

Para Reporteros sin Fronteras (Paris).

Por: Eduardo Mackenzie.

1 de noviembre de 2009

Los periodistas María Isabel Rueda y Mauricio Vargas Linares, editorialistas del diario El Tiempo (Bogotá) acaban de protestar contra lo que consideran "un abuso y un atropello" contra la libertad de prensa cometido por cuatro altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

Su protesta se produjo tras una reunión el 25 de octubre de 2009 en la sede de El Tiempo en la que Augusto Ibáñez, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, pidió a la dirección de ese periódico poner fin a la colaboración de los citados periodistas. Augusto Ibáñez, y tres otros magistrados de la CSJ, pidieron, además, el mismo castigo para los editorialistas José Obdulio Gaviria, ex asesor presidencial, y Fernando Londoño Hoyos, ex Ministro del Interior y Justicia.
En resumen, los magistrados reiteraron la necesidad de cerrar las páginas de El Tiempo a los escritos de José Obdulio Gaviria, Fernando Londoño Hoyos, María Isabel Rueda y Mauricio Vargas. Todos ellos son conocidos columnistas muy apreciados por su independencia y su valor personal.Durante su incursión en El Tiempo, Augusto Ibáñez estuvo acompañado por los magistrados Jaime Arrubla, Vice Presidente de la CSJ, Francisco Ricaurte y Julio Enrique Socha Salamanca.

Esta no es la primera vez que magistrados colombianos atacan a periodistas colombianos.
El agosto 23 de 2009, envié una carta a Reporteros Sin Fronteras para decirle que una serie de abusos se estaban cometiendo en Colombia contra la libertad de prensa. Expliqué que, paradójicamente, no es el gobierno quien persigue a los periodistas sino que esa sucia actividad proviene de círculos enemigos del gobierno y halla respaldo en importantes miembros del poder judicial, conocidos por su oposición al gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Por ejemplo, en agosto de 2009, un grupo de periodistas fue enjuiciado penalmente por José Alfredo Escobar Araujo, miembro del Consejo Superior de la Magistratura. Empero, el Tribunal Superior de Bogotá desestimó los cargos y los periodistas escaparon a fuertes sanciones. Escobar Araujo, sostuvo que los periodistas le habían "violado sus derechos" por haber escrito en varios artículos de 2008 que él era un "magistrado indigno”. Escobar había recibido un regalo de Giorgio Sale, un individuo detenido en Italia en noviembre de 2006 por tráfico de drogas. Giorgio Sale estaba relacionado con Salvatore Mancuso, un ex líder paramilitar encarcelado y extraditado a los Estados Unidos con otros 14 ex jefes 'paras'.

Mauricio Vargas había denunciado los vínculos de varios jueces con oscuros personajes relacionados con Mancuso. También criticó la guerra de guerrillas que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el gobierno de Uribe. Mauricio Vargas, y otros columnistas que criticaron la actitud inescrupulosa de Escobar Araújo, fueron absueltos por el TSB. Sin embargo, esa organización exigió que fuera corregida una frase de los artículos en que se decía que Escobar Araújo influyó en el nombramiento de otros jueces y magistrados. Los periodistas tuvieron que hacerlo.

Rodrigo Pardo García-Peña, otro periodista, editor de la revista Cambio, quien también criticó al magistrado Escobar por el mismo asunto, fue condenado por una juez de Bogotá a pasar unos días en la cárcel y pagar una cuantiosa multa. Ella dijo que Pardo había "ignorado" la orden de un juez en el caso del magistrado Escobar. Ante esa orden de detención, varias asociaciones de periodistas protestaron. "Privar de libertad a un periodista por algo tan insignificante es inadmisible y crea un precedente peligroso en contra de la actividad periodística", dijeron Andiarios, Asomedios y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Pero algo más grave estalló el 30 de junio de 2009 cuando la juez Sandra Castro, de la Fiscalía General, anunció que entablaría una demanda penal contra el editorialista Fernando Londoño Hoyos. Considerando que los escritos de Fernando Londoño Hoyos, director del programa La Hora de la Verdad, de Radio Súper de Bogotá, constituyen a sus ojos una "asociación para delinquir agravada", la magistrada amenaza con entablar una demanda penal contra Fernando Londoño y contra William Calderón, otro periodista de ese programa.

Fernando Londoño ha presentado pruebas de los abusos cometidos por algunos jueces contra militares que han sido injustamente encarcelados tras la presentación de "pruebas" y "testimonios" cuya credibilidad es nula. La Hora de la Verdad se pregunta también sobre el fenómeno opuesto, es decir acerca de la negativa a considerar las pruebas presentadas por algunos demandados y la parsimonia de ciertos jueces al momento de abrir casos en los que hay gente acusada de estar vinculada al aparato político-militar de las FARC. Fernando Londoño también reveló, en junio de 2009, que las numerosas visitas a las oficinas de la Corte Suprema de Justicia por de Giorgio Sale habían sido borradas de los registros electrónicos "en el puro estilo de la mafia con destrucción de pruebas".

Días más tarde, los ataques contra Fernando Londoño se intensificaron. En una entrevista con una televisión colombiana, el presidente Hugo Chávez acusó a Fernando Londoño de haber organizado en 2004 el envío a Venezuela de "200 paramilitares colombianos" para asesinar al jefe de Estado venezolano. Londoño niega en bloque esas acusaciones y dice que los media venezolanos ya investigaron y refutaron la versión de Chávez. Londoño dijo que presentaría una denuncia por difamación contra el presidente de Venezuela.

En Colombia, la ofensiva contra los periodistas ocurre en el marco de una fuerte ola de politización del poder judicial que pretende doblegar al poder ejecutivo, creando situaciones inextricables. Ese desafío al Estado de derecho ya ha suscitado violentos enfrentamientos entre los poderes. La Corte Suprema de Justicia se ha peleado con la Corte Constitucional y con la Procuraduría General de la Nación. Las tensiones son alarmantes entre el poder judicial y el poder legislativo, y entre el poder judicial y el poder ejecutivo.

Las intrigas del magistrado Augusto Ibáñez y los tres otros magistrados contra los periodistas María Isabel Rueda, Mauricio Vargas, José Obdulio Gaviria y Fernando Londoño Hoyos, y las amenazas contra de Fernando Londoño y Rodrigo Pardo, revelan la horrible máscara de un polo autoritario en la justicia colombiana que está actuando contra la libertad de prensa.Es evidente que estamos ante un fenómeno muy extraño en el que hay, de hecho, como una infiltración insidiosa de una influencia extranjera en un sector del aparato de Estado colombiano. ¿Existe una estrategia de conquista, pérfida y discreta, del Estado y de la sociedad colombiana, la cual avanza paso a paso, parcela por parcela, sin hacer ruido?

Ha llegado el momento de que Reporteros sin Fronteras denuncie estos hechos y pida, en particular, al magistrado Augusto Ibáñez poner fin a sus maniobras contra los periodistas que se atreven a investigar y a criticar las graves deficiencias del sistema judicial colombiano.

NUNCA LA POLITICA Y LA FUNCION JUDICIAL DEBEN IMBRICARSE.

Por: Francisco Rubio*

Bien conocidas son las admoniciones del catedrático español Rubio Llorente: la politización de la justicia o la judicialización de la política son dos situaciones patológicas de las que un sistema democrático asentado debe huir como de la peste:¨Los jueces, dijo, son titulares del poder del Estado de la misma manera que lo son, por ejemplo, los ministros o los diputados y, hasta un poco más, aunque sea más pequeño el ámbito de su poder.

Un poder también en cierto modo paradógico. El poder judicial es, a diferencia del poder político, poder pasivo. No puede tomar iniciativas, sino sólo dar respuestas, y quienes lo ejercen no pueden utilizarlo para imponer su voluntad o hacer valer sus preferencias, por muy convencidos que estén desu justicia o su razón.

Por eso es también un poder que exige en sus titulares un cierto ascetismo: por ejemplo, el de no hablar más que atrvés de sus decisiones, aunque sea para defenderse de acusaciones injustas. La protección que da al juez el delito de desacato deja de tener justificación si los jueces, como los ministros o los directores generales, pueden entrar en polémicas públicas.

Y sobre todo, claro está, los jueces tienen la obligación de mantener, en la realidad y en la apariencia, su condición de órganos imparciales, lo que significa, entre otras cosas, no meterse en política, ni hacerla poniendo entre paréntesis por algún tiempo su condición para volver después a ella.¨

*Los jueces y la política, El País, Madrid, 26 de enero de 1995.

Columnistas denuncian abusos por parte de la Corte Suprema de Justicia contra la libertad de prensa.

Por: Slobodan Wilches
Radio W, Bogota
30 de octubre de 2009


La W conoció que los periodistas María Isabel Rueda y Mauricio Vargas Linares, del diario El Tiempo en sus columnas editoriales del domingo y lunes, respectivamente, van a protestar por lo que ellos consideran “un abuso y un atropello”, por parte de la Corte Suprema de Justicia. La denuncia se produce luego de una reunión que se adelantó en las instalaciones del diario, en la cual los magistrados del alto tribunal se refirieron a su trabajo periodístico. El presidente de la Corte Suprema de Justicia , Augusto Ibáñez y sus acompañantes reclamaron por los escritos del ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, Mauricio Vargas y María Isabel Rueda.

El interés de los magistrados era lograr que el periódico retirara las columnas del ex asesor José Obdulio Gaviria y al parecer las de los periodistas María Isabel Rueda y Mauricio Vargas. A la reunión asistieron los Magistrados Augusto Ibáñez, Presidente del alto tribunal, el Vicepresidente Jaime Arrubla, el Magistrado Francisco Ricaurte y el Magistrado Julio Enrique Socha Salamanca.

Nuevo atentado contra la democracia por parte de la CSJ.

Paris, 31 oct 2009

Por: Eduardo Mackenzie

Para María Isabel Rueda, Mauricio Vargas, José Obdulio Gaviria y Fernando Londoño Hoyos


Queridos amigos, permítanme expresar mi solidaridad total frente al nuevo acto liberticida contra ustedes del magistrado Augusto Ibáñez, vergüenza de su profesión y de la corporación que, en mala hora, dirige.

Augusto Ibáñez se desenmascaró definitivamente. La censura y el ostracismo que él pide contra ustedes, eminentes periodistas colombianos, es la culminación de una serie de barbaridades que él y sus amigos están cometiendo. Luego de ver lo que hicieron ayer el y tres otros magistrados en El Tiempo, no debe haber duda entre nosotros, periodistas colombianos: debemos unirnos todos contra esa clique que trata por todos los medios de establecer una dictadura judicial digna del socialismo del siglo XXI.

Como los periodistas somos un obstáculo a esa empresa, Ibáñez pide la eliminación civil de los periodistas libres. Ibáñez quisiera barrer de manera autoritaria los obstáculos que se levantan contra sus proyectos: no contento con violar la Constitución al negarse a escoger el nuevo Fiscal,
hace unas horas Augusto Ibáñez había pedido el desmantelamiento del Consejo Superior de la Judicatura pues éste trata de reparar los daños que él y su gente están haciendo en el terreno judicial.

Ante eso, debemos todos nosotros pedir la renuncia de Augusto Ibáñez y de quienes lo acompañaron en esa absurda maniobra contra la libertad de prensa y de expresión en Colombia.
Ibáñez y su clique son un peligro para la democracia en Colombia.

Opinion: Creciente avalancha de corrupción ”bolivariana”.

Por: Emilio J. Cardenas*.

Una de las características más típicas de los gobiernos “bolivarianos” es la ola de corrupción que los afecta en todas partes.

Desde hace rato vengo insistiendo que una de las características más típicas (realmente de las que son “esenciales”) de los gobiernos “bolivarianos” es la ola de corrupción que los afecta, en todas partes. Sin límites, ni vergüenza alguna por parte de sus actores. Los casos escandalosos explotan y se acumulan, uno tras otro. Como si no pudieran gobernar sin robar. Pero los políticos “bolivarianos” no se inmutan. La imaginación, en esto, no tiene límite; todo vale cuando de quedarse con lo ajeno (con frecuencia burdamente) se trata.

En toda América Latina, en la extraña ensalada “bolivariana”, la corrupción es el elemento principal y el condimento infaltable. Siguen dos nuevos ejemplos de esto. Otros episodios del mismo tono, en la Argentina y Ecuador, demuestran la verdad de la conclusión antes expuesta.

El paraíso “sandinista” de negocios.
En Nicaragua se llamó -de improviso- a licitación internacional -el 24 de julio pasado- para adjudicar una nueva licencia para brindar servicios de telefonía básica en la llamada “banda ancha”. Además de los que ya brindan, Claro yMovistar, con 270 mil teléfonos fijos. Como en la Argentina, se sospechaba que los “amigos” del gobierno iban a ganar. Era un secreto, a gritos. Y así fue. La oligarquía empresaria que siempre circula en derredor de los gobiernos “bolivarianos”, pegada al poder, estaba al acecho con vasos comunicantes “non santos” con el entorno de Daniel Ortega. Existía, por ello, la creencia que un grupo conformado por oligarcas rusos y “amigos” de Ortega era, en verdad, el “caballo del comisario” en una licitación de aquellas que se hacen “a medida”.

En un proceso plagado de irregularidades, todos los adversarios de ese grupo, uno a uno, fueron siendo eliminados o “desalentados” (esto es advertidos -más o menos discretamente- que el negocio de la telefonía, de riquísimo “cash flow”) “tenía dueño” ya. Incluyendo entre los “desanimados” a empresas serias: como Amnet, Claro y Telefónica. El Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) adjudicó la licitación a la empresa rusa, conectada íntimamente con “empresarios” del “sandinismo” que se asociaron a ella. Minoritariamente. Para “La Prensa” de Managua, se trata de José Mojica Mejía (un antiguo miembro de “Seguridad del Estado” y hombre cercano a la pareja presidencial) y de José María Enríquez Moncada (amigo personal deBayardo Arce, el conocido “asesor” económico de Daniel Ortega), que operan a través de una sociedad anónima. La adjudicataria es: “Yota de Nicaragua”, representada por Alexey Fedchenko. Los accionistas rusos aparecen desde dos sociedades extranjeras constituidas una en Chipre (el “paraíso fiscal” notoriamente preferido por los rusos) y la otra en las Islas Vírgenes. Todo, bien extraño.

Al negocio antes nombrado se suma el de “Albanisa”, una sociedad anónima que es la beneficiaria directa del acuerdo petrolero entre Nicaragua yVenezuela, de mayo de 2007. El 51% de su capital pertenece a PDVSA, y el 49% restante a la nicaragüense “Petronic”. Un hermano de Hugo Chávez, en este caso Asdrúbal, preside “Albanisa”. El Vice-presidente de la empresa es un funcionario del riñón de Daniel Ortega: Francisco López. La Contraloría General de la República dice no poder reglamentariamente fiscalizarla, ni controlarla, desde que funciona “en el marco del derecho privado”. Pese a que se constituyó con recursos públicos. Notable.

“Albanisa” ha comprado los activos de la Distribuidora Nicaragüense dePetróleo (filial de la suiza Glencore), con lo que controla el 100% de la importación petrolera y el 73% de la capacidad de almacenaje local. Y, en el “downstream”, posee la mayor red de estaciones de servicio del país. Con esto, sin mayor esfuerzo, “Albanisa” gana unos 280 millones de dólares-año, manejando un flujo de negocios que “La Prensa” estima es de 600 millones de dólares. Increíblemente rentable como empresa, en torno a la cual -sin fiscalización- transitan inmensos negocios de intermediación, de toda suerte.

El infierno creciente de la corrupción pública boliviana.
En Bolivia, quien fuera Presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún,Guillermo Dalence, está en problemas. Ha sido detenido – preventivamente- por la supuesta compra, con sobreprecios, de una serie de terrenos en la provincia de Germán Bush, que aparentemente valían apenas unos 50.000 dólares, por los que se erogaron, en cambio, más de dos millones de dólares. Flor de “sobreprecio”, que alguno se “metió al bolsillo”.
Ellos debían ser entregados a la empresa india “Jindal”, para que comience la explotación del legendario yacimiento de hierro del Mutún, descubierto en 1848, cuyos estudios para su explotación se realizaron en 1956. Que recién empieza a generar actividad económica sustantiva. El pago fue autorizado por un decreto que lleva las firmas del Vice-presidente, el ideólogo marxista Álvaro García Linera y su Ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo. Raro, ¿no es cierto?
Una editorial del diario “El Día” sobre el tema comenta que esto pone al gobierno boliviano en una suerte de “campo minado”. Justo cuando se acercan las primeras elecciones nacionales, luego de haberse aprobado una nueva (y caótica) Constitución Política multinacional para el Estado Boliviano. Huele mal, porque ocurre que el propio Evo Morales estaba, aparentemente, al tanto de la transacción. La detención aludida se suma a la de otro hombre muy cercano a Evo Morales: Santos Ramírez, quien, luego de haber sido Ministro de Gobierno, presidiera a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, quien ya está alojado en la cárcel de San Pedro, en La Paz.
Pero no es nunca fácil probar estas cosas en la justicia boliviana, que Moralesparece manejar de cerca. Así lo sugiere la evaporación de 33 camiones que, de pronto, se esfumaron luego de transportar decenas de toneladas de contrabando con rumbo al Brasil. Como si, de pronto, Houdini hubiera sido boliviano. Hace apenas unas horas otra denuncia periodística ha vuelto a conmocionar a Bolivia. Por esas cosas los “bolivarianos” pretenden ponerle una mordaza a los medios. Me refiero a la denuncia formulada por “La Prensa” de La Paz contra la recién nacida: “Petroandina”, una empresa petrolera constituida conjuntamente por Bolivia (YPFB) y Venezuela (PDVSA).
La empresa binacional nació hace apenas unos pocos meses. Evo Morales, con la fanfarria habitual, la puso “en marcha” en octubre del año pasado. Hoy ella contrata por sumas millonarias con empresas “amigas” (pero sin antecedentes) tareas de exploración en el bloque Lliquimuni, en el que (junto con los de Timboye e Iñau) se invertirán unos 160 millones de dólares. Se ha llenado, aparentemente, de gastos suntuarios en sueldos y alquileres para mejorar el “nivel de vida” de sus altos funcionarios, que creen que viven enHouston.

Las denuncias, formuladas por un síndico y tres directores, terminaron en su suspensión como tales (en lugar de en un agradecimiento por la honestidad) y en el despido (como “chivos emisarios”) de altos funcionarios de la planta gerencial. Las cosas lucen horrendas en “Petroandina”. Hasta hay un bloque “fantasma” (inexistente) en el que se iban a emprender “tareas de exploración”. Más de lo mismo en la patria socialista de los “bolivarianos”.

Como en la Argentina, estas cosas se esconden -con frecuencia- tras las operaciones de flexibles y apetecibles “fideicomisos”, cuya particular operatoria queda fuera de las reglas de contralor estatal regular. Por ello “El Día” concluye su crónica de los episodios señalando que “el gobierno de Morales no puede demostrar que los casos de corrupción son aislados”. Están por todas partes, y “pican” demasiado cerca del propio Morales. “Las salpicaduras (continúa “El Día”) parecen tocar toda la estructura”. Y pareciera ser así. Peculiar mundo el de los “bolivarianos”, queda visto. Primero yo, después (eventualmente) el pueblo, al que constantemente declaman “servir”. Así es la corrupción. Una plaga más de las “bolivarianas”. En este caso, una que florece espontáneamente.

*Emilio Cárdenas, ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.

Fuente: Diario Exterior

Opinion: Carter cómplice del socialismo del siglo XXI.

Por: Johana Vera.

Como parte del restablecimiento de las relaciones entre Ecuador y Colombia se ha aceptado la propuesta de mediación de la OEA y del Centro Carter en el nombre de la “imparcialidad” y la busqueda del diálogo. Se apela entonces a la intervencion de entidades que han perdido toda credibilidad para poder llevar un proceso de esta naturaleza. Solo basta recordar el pésimo manejo que ha dado la OEA, liderada por Jose Miguel Insulza, a la crisis política en Honduras, donde siguió el juego dirigido por Hugo Chávez y sus amigos del socialismo del siglo XXI. El centro Carter tampoco ha sido un referente de “imparcialidad” y aunque en recientes declaraciones Jimmy Carter haya admitido sentirse “decepcionado” de Hugo Chávez, para los venezolanos es demasiado tarde, su omisión en objetar eventos electorales de gran relevancia lo ha hecho cómplice de la implementación del régimen autoritario en el vecino país.

El Centro Carter, fundado por el ex presidente de los Estados Unidos, se ha convertido en cómplice de quienes hoy imponen el socialismo del siglo XXI en toda América latina. Pese a su abierta simpatía con personajes de la calaña de Fidel Castro, Hugo Chávez, Daniel Ortega y Evo Morales, pocos analistas han objetado el pretendido rol de Carter como “garante de la transparencia” de elecciones que tienen lugar en naciones esclavizadas por sus amigos personales.

Según la descripción de su página web, el centro Carter tiene la misión de prevenir y resolver conflictos fortaleciendo la libertad y la democracia. A través de su programa de las Américas, el centro ha extendido sus tentáculos en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador; es decir, en todos y cada uno de aquellos países en los que a través de fraudulentos procesos electorales e impresentables artimañas políticas, la izquierda ha necesitado desnutrir las instituciones políticas y consolidar “democráticamente” el socialismo del siglo XXI, enmascarando gobiernos con instituciones doblegadas ante la figura presidencial.

Son varias las ocasiones en las que Carter ha participado “avalando” los procesos electorales en América del Sur. Uno de los casos más recordados por los venezolanos fue el proceso de referéndum revocatorio que se realizó el 15 de agosto del 2004, en donde a pesar de que las encuestas a boca de urna daban un claro triunfo a la oposición, Hugo Chávez pudo ratificarse en el cargo. El centro Carter se encargo de certificar la legalidad de dicho proceso haciendo caso omiso a las denuncias de que el sistema de voto electrónico no había sido validado. Investigaciones posteriores de consultores independientes avalados por el ISI (International Statistical Institute) demuestran con rigurosidad científica la imposibilidad del triunfo del chavismo en el referéndum del 2004. Carter termino avalando un proceso en el que se aplicó el recuento electrónico de votos contratado con Smartmatic Corporation, cuyos principales accionistas son cercanos al gobierno del presidente Chávez.

En lo que respecta a Bolivia, Carter no ha ocultado su simpatía con el mandatario Evo Morales, de quien incluso ha aceptado una invitación personal a cosechar hojas de coca durante su próxima visita. La fundación Carter ya ha firmado un convenio para asistir como “observador” en el proceso de empadronamiento biométrico para las elecciones de diciembre próximo, donde el presidente boliviano se postula a la reelección. El modelo que se implementará está basado en la experiencia venezolana, y la empresa adjudicada para el proceso de implementación fue NEC de Argentina, la que curiosamente tiene una “alianza estratégica” con Smartmatic corporation. La presencia del padrón biométrico, la falta de independencia del Tribunal Nacional Electoral y el vínculo con Smartmatic de Venezuela, constituyen por sí mismas una certera garantía de fraude electoral que Carter ha sido contratado para disipar.
En Ecuador, el centro Carter ha avalado los procesos para el referéndum constituyente en septiembre del 2008, y las últimas elecciones del 2009, donde como nunca en la historia se tardaron más de dos meses en proclamar los resultados oficiales. Aunque en Ecuador aún no se ha instalado totalmente el voto electrónico, miembros del consejo electoral han confirmado que en caso de implementarse, tendrá como base el modelo venezolano. De acuerdo a los studios posteriores realizados por la Escuela Superior Politécnica (EPN), en las últimas elecciones presidenciales, la tecnología utilizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue inadecuada, favoreciendo en su mayoría a los candidatos del movimiento oficialista Alianza País. Entre las muchas recomendaciones, los técnicos de la EPN sugirieron no contratar a la empresa Smartmatic para la lectura electrónica de votos.

Está claro que Jimmy Carter y su fundación no representan una observación imparcial de los procesos electorales en América Latina, ya que a pesar de las denuncias realizadas y las demostraciones cientificas, no ha sido capaz de poner en tela de duda la “transparencia” con la que se han llevado a cabo los comicios electorales y en las que sus “amigos” han logrado consolidar el poder para imponer la agenda del socialismo del siglo XXI.

Por lo anteriormente expuesto, resulta verdaderamente preocupante que para el importante proceso de restablecimiento de las relaciones entre Ecuador y Colombia se haya decidido por este tipo de organizaciones en calidad de mediadores.
Es un hecho que tanto la OEA como el Centro Carter no representan garantía de imparcialidad. Aunque ahora Jimmy Carter pretende mostrar cierta “decepción” con el mandatario Venezolano, su cercanía con los gobiernos afines al socialismo del siglo XXI ha resultado demasiado evidente, convirtiéndolo en verdadero cómplice del debilitamiento de la democracia y la pérdida de libertades en los mencionados países.