REICH & PERDUE: Venezuelan socialism courts an invisible backhand.

Cuban newspaper Juventud Rebelde released a photo showing Venezuelan President Hugo Chavez (left) visiting Cuban President Raul Castro (right) and former President Fidel Castro in 2008. (Associated Press)

LATIN AMERICA

Robbery of American corporation reveals tottering economy
Por: Otto Reich and Jon Perdue
Wednesday, July 7, 2010

Absent a coherent U.S. foreign policy in Latin America, the best ally of democrats in the region has always been the inevitable economic backlash that socialist economic policies create. Other than the military coups and popular rebellions that have removed despots in the region, capital flight and economic chaos have most often augured the demise of the strongman caudillo.

Although it is customary among left-leaning activists to blame the CIA for Salvador Allende's removal from Chile's presidency in 1973, it was the economic bedlam brought about by Allende's nationalizations and economic mismanagement that set the stage for his ouster. This pattern has been repeated with predictable regularity in Latin America, as successive coup leaders have sown their own demise by economic suicide. But this lesson has not been internalized by Hugo Chavez and his fellow evangelists of 21st century socialism, who have staked their longevity in office on the ephemeral vote-buying capacity of redistributionist economics.

The latest illustration of Mr. Chavez's statecraft is the seizure of 11 oil rigs owned by U.S. driller Helmerich & Payne Inc. The U.S. company had shut down the rigs because PDVSA, the state-owned Venezuelan oil conglomerate, had failed to pay $43 million owed to it. This development should not be surprising. PDVSA saw a reduction in revenue from $120 billion in 2008 to $50 billion in 2009 and began to insist that its contractors accept a 40 percent cut in their bills. Rafael Ramirez, PDVSA's president, stated, "We will not pay contractors that have tried to speculate and don't care about our company."

The Financial Times reported in May of last year that Mr. Chavez had already confiscated at least 12 oil rigs, more than 30 oil terminals and about 300 boats from companies that had refused to give up 40 percent of their accounts receivable to the Chavez cause. After the seizure, Mr. Chavez told a crowd of supporters, "To God what is God's, and to Caesar what is Caesar's. Today we also say, to the people what is the people's."

It was this same populist, faux-religious rhetoric that Mr. Chavez used to put the state-owned oil company in charge of his misiones, the social programs for the poor that have diverted Venezuela's "golden goose" oil company from its mission and reduced oil production by 40 percent in the 10 years of Mr. Chavez's rule.

U.S. policy on Venezuela throughout the George W. Bush administration was to downplay Hugo Chavez's histrionics - a policy designed specifically to deny a budding despot the international attention he desired as an acknowledged enemy of "the Empire." But every policy has a trade-off. If the despot is not voted out before he can control the electoral process, the efficacy of this "benign neglect" fades as he consolidates power. Soon the neglect becomes an incentive for him continually to test the "threshold of concern" - the point at which diplomatic retaliation or sanctions are triggered.

Since 2005, Mr. Chavez has been hellbent on crossing that threshold by forming an alliance with Iran and, more important, undermining the sanctions designed to prevent or slow Iran's nuclearization. Both Mr. Chavez and Iranian President Mahmoud Ahmadinejad have used election fraud to perpetuate themselves in power, and both have waged economic warfare against the United States via oil-market manipulation.

But where Mr. Ahmadinejad can count on regional deterrents against retaliation, Venezuela is quite vulnerable to economic pressure. Moreover, if the U.S. decides to pressure Mr. Chavez now, it can indirectly affect the more immediate threat of Iran's nuclear program.

Mr. Ahmadinejad remains overly confident that he can withstand U.S. sanctions as long as Mr. Chavez keeps his promise to deliver 20,000 barrels of oil a day to Iran. If the U.S. quietly announced a policy of replacing the oil it purchases from "unstable" suppliers, the message would be felt unequivocally in Venezuela, which stands to lose much more than the U.S. in any standoff. The fact that oil is a fungible commodity that mostly is purchased by traders on the spot market makes the repercussions of any market manipulation much more deleterious to the producer. So the worst-case scenario for the U.S. could be a brief spike in gas prices. To mitigate this, the U.S. could announce that it will draw on supplies, if needed, from the Strategic Petroleum Reserve.

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DOCUMENTAL: RETORNO AL GULAG.

El comunismo de Stalin es responsable de enviar unas 18 millones de personas a los campos de concentracion que formaban parte del sistema de Gulag sovietico. Esta es la historia de Jon Basil Utley en busca de su padre Arkadi Berdichevsky. Colombia esta en grave peligro de la mano de Juan Manuel Santos, el omunista de las Farc y la combinación de las formas de lucha de quienes son afines al socialismo de siglo XXI.

Guarín en maniobras desesperadas.

Eduardo Mackenzie

Por: Eduardo Mackenzie

30 de junio de 2010

René Guarín desató una nueva campaña de odio contra el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, pocos días después de que éste recibiera la cuestionada y surrealista condena, en primera instancia, de 30 años de prisión. Furioso porque el Inpec había trasladado al Coronel a la Escuela de Infantería de Bogotá, y no a la cárcel de la Picota, el hermano de Cristina Guarín, una de las personas que perdieron la vida en la tragedia del 6 y 7 de noviembre de 1985, acusó al Coronel de “desacato”. Es el mundo al revés: el traslado a la guarnición militar fue una decisión del Inpec, y de nadie más.

En su carta al Inpec del 18 de junio de 2010, la juez María Stella Jara Gutiérrez ordena trasladar al Coronel Luis Alfonso Plazas Vega “a un sitio de reclusión”. Allí la juez no dice que el Coronel debe ser llevado a una cárcel. Al usar la fórmula “sitio de reclusión” la juez indicó, con precisión, que Plazas debía ir a una guarnición militar pues así lo determina la ley. Una resolución vigente habilita a la Escuela de Infantería para servir como lugar de reclusión de los militares que son objeto de un proceso penal. Allí se encuentran, por ejemplo, el general Uscátegui y el general Arias Cabrales. Allí estuvo, hasta su absolución, el Almirante Arango Bacci.

La juez Jara había intentado, en agosto de 2009, trasladar a la Picota al Coronel Plazas violando su estatuto militar. Fracasó. El coronel regresó al Hospital Militar, pues su estado de salud lo exigía. Pero la violencia y arbitrariedad utilizada en ese traslado reveló el alto contenido emocional que impregna ese proceso y la subjetividad más que culpable sobre la que reposa el fallo del 9 de junio de 2010.

René Guarín conoce perfectamente estas cosas. Sin embargo, él no vaciló un minuto al ir a mentir ante varios periodistas bogotanos. El quería que difundieran, como algunos hicieron, su desorientador punto de vista. Lo hizo de manera consciente y deliberada. Y arrastró a ello a Cecilia Cabrera, otra familiar de un “desaparecido”. Y Guarín agregó: “El fallo es claro al decir que la reclusión debe ser en una cárcel, pero la Escuela de Infantería no es una un sitio de reclusión particular”. Falso. La sentencia del 9 de junio de 2010 no aborda el tema del lugar de reclusión. Guarín lo sabe. Sus abogados lo saben. Lo que busca Guarín es impresionar a los periodistas dóciles y desorientar a la opinión pública.

Guarín agregó otra enormidad: “Vamos a escribirle al Tribunal Superior de Bogotá, para que tenga en cuenta este desacato (sic) por parte del coronel Plazas de la sentencia para que le confirme los 30 años que le dio la juez tercera especializada”. ¿Cuál desacato? En ese traslado nadie desacató a nadie. Incapaz de criticar directamente a la juez Jara Gutiérrez por no haber hecho lo que él quería, Guarín ataca de manera cobarde al coronel Plazas. Lo mismo hizo Cecilia Cabrera, quien estimó que ese traslado “es una burla a la justicia”.

De ese episodio hay que sacar una conclusión: cuando se es capaz de mentir tan descaradamente, y en materia tan grave, es porque se ha mentido antes, y, sobre todo, a lo largo de este proceso.

Acostumbrados a obrar a sus anchas, y a diseminar en diarios y radios informaciones falsas, esos personajes insultan ahora a la misma juez Jara y al Inpec. Creyendo haber ganado la partida, con la sentencia del 6 de junio, quieren ir más lejos. Esa voracidad no conoce límites. ¿Por qué ese interés desmedido en que el Coronel Plazas vaya a dar a la Picota, infestada de matones y narco terroristas, gente que él combatió con determinación? ¿Por qué Guarín está gritando ahora que el Coronel Plazas debe ser llevado a una cárcel muy lejos de Bogotá que el llama “cuatro bolas”?

¿Qué se está tramando con esos alaridos?

La campaña de Guarín, quien se mueve entre Bogotá, Madrid y Bruselas, financiado no se sabe por quién, es la de un desesperado. Es comprensible. Probablemente el juez de segunda instancia rechazará la sentencia de la juez Jara Gutiérrez. Pues estamos ante una paradoja: el mayor argumento a favor de la inocencia del coronel Plazas Vega se encuentra en la sentencia de Jara. Los colombianos deberían leer ese documento. Es verdad, son 302 páginas y la prosa no es bella, ni amena, ni fluida. Se encuentran allí tecnicismos, neologismos, giros jurídicos desuetos y teorías rarísimas como el de la “culpabilidad mediata” (lejana). Pero no importa. Esa sentencia, si se la lee con atención, ofrece una verdad: el coronel Plazas es inocente, y la juez no encontró prueba alguna contra él.

El mismo Guarín sabe que lo que cuenta es la venganza. Guarín dijo el 18 de abril de 2010, antes de la sentencia, que ésta tendría poco que ver con la justicia, que sería otra cosa: “Hablar de justicia en un caso como este es muy difícil teniendo en cuenta que es un proceso que comenzó 20 años después de haberse perpetrado el crimen, donde la justicia comienza a actuar tardíamente.” (Ver www.elperiodico.com.co, 18 de abril de 2010).

La juez utilizó, sobre todo, dos testimonios totalmente anómalos: el de Tirso Sáenz y el de Edgar Villamizar. Ambos son falsos de toda falsedad. La juez rechazó el primero (pues éste reveló que había pedido dinero y ventajas procesales a cambio de su falso testimonio), y acogió el segundo, el más ilegítimo y deshonesto. Cualquier otro juez habría anulado ese proceso por la presencia de tales “pruebas”. La Procuraduria General pidió por eso absolver a Plazas. El juez de segunda instancia no tiene más salida que rechazar ese fallo. Guarín y sus amigos lo saben y eso los desestabiliza.

Villamizar es un testigo fantasma. La propia juez nunca lo vio ni lo interrogó. Tampoco la defensa. Su testimonio fue firmado con una firma y una identidad falsas. No se sabe siquiera dónde el fantasma rindió a la fiscal su “testimonio”. Pues en los registros de entrada a la Escuela de Caballería del 1 de agosto de 2007 su nombre no aparece. El fantasma nunca aclaró eso, ni se presentó jamás al juzgado. Su testimonio es un anti-testimonio. ¿Por qué sólo 22 años después de los hechos del Palacio apareció (fugazmente) ese testigo tan sospechoso? ¿Quién mueve los hilos de ese grotesco títere? El fantasma no dice siquiera que vio a Plazas secuestrar ni apresar a nadie. No afirma que fuera testigo de que Plazas diera una orden en ese sentido. La juez no pudo probar que ese fantasma hubiera estado en la refriega del Palacio de Justicia. Esos dos días él los pasó en el batallón Vargas de Granada (Meta). El pretende haber sido transportado el día del incidente en un helicóptero para 14 personas. Las fuerzas militares colombianas no tenían en 1985 ese tipo de helicópteros. Sus helicópteros sólo podían llevar 5 o 6 tripulantes. Ninguno de los combatientes de la fuerza pública vio al fantasma en la refriega. Ese es, sin embargo, el testigo de cargo clave sobre el cual descansan las 302 páginas de la sentencia de la juez Jara Gutiérrez.

La prensa no puedo siquiera preguntarle a la juez por qué falló con un material probatorio tan endeble, pues ella se fue del país sin dejar dirección. Ese proceso es, pues, una montaña de injusticias y de enigmas. Es el escándalo más grande de la historia judicial de Colombia. Ese fallo es una mancha infamante para toda la rama judicial, la cual será lavada por el juez de la segunda instancia.

Tomado de: http://www.observatoriobrasileno.blogspot.com/

¡Qué vergüenza de sentencia!

Por: El Colombiano.
Publicado el 26 de junio de 2010

La condena del Coronel (r) Alfonso Plazas y su reclusión carcelaria, a nuestro juicio, son violatorias del Derecho Penal Nacional e Internacional, ya que no se logró probar su culpabilidad y además no se le juzgó conforme a la ley vigente cuando comandó la retoma del Palacio de Justicia, cumpliendo, así, con su deber constitucional e ineludible de defender las instituciones.

EL COLOMBIANO Medellín Publicado el 26 de junio de 2010
No sólo nos parece injusta la condena del Coronel (r) Alfonso Plazas Vega sino su reclusión carcelaria, ya que a nuestro juicio este proceso es violatorio del Derecho Penal Nacional e Internacional, pues no se demostró su culpabilidad por el delito de desaparición forzada de personas, crimen que además no existía en la legislación colombiana al momento de la toma y retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Esta sentencia puede conducir a una desmotivación de la Fuerza Pública, que ve cómo, 25 años después, se le aplican normas de nuevos Códigos, algo totalmente violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala: "nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delitos según el derecho aplicable". Y el Código Penal vigente en 1985 no tipificaba el delito de desaparición forzada.

También consideramos contraria a derecho la condena de 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada agravada, porque no está probado que fuera Plazas quien diera la orden de desaparecer a algunos de los sobrevivientes o que conociera de alguna orden en tal sentido y que, pudiendo evitarla, no lo hubiera hecho. ¡Qué vergüenza de sentencia!

Esta sentencia fue apelada por la defensa del Coronel (r) Plazas ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, del que esperamos toda la sabiduría para que este Coronel sea juzgado conforme a la ley, y no a intereses ajenos a la verdad.

Los colombianos no queremos una politización de la Justicia sino unos jueces que sepan interpretar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio el Holocausto. Los magistrados tampoco podrán desconocer que la ley penal sólo es retroactiva en los aspectos favorables al acusado.

No debe olvidarse que fue el M-19 el causante de la peor tragedia que haya vivido la Justicia de Colombia en toda su historia. Y a pesar de ello la sociedad fue generosa y le otorgó el indulto al grupo subversivo. ¿Por qué entonces se pretende ahora imponer un trato discriminatorio y enviar a la cárcel a quienes estaban repeliendo los ataques? ¿Por qué no recuerdan también que, gracias a la acción de las Fuerzas Armadas, cientos de personas salvaron sus vidas a pesar del asalto guerrillero?

Hay que recalcar que la motivación del M-19 para la toma del Palacio no fue ninguna causa altruista en bien del pueblo por el que decían luchar. No. Su interés era suspender la extradición. La Comisión de la Verdad creada en 2005 demostró cómo el llamado cartel de Medellín, le pagó dos millones de dólares al grupo guerrillero con el fin de destruir los procesos contra los denominados extraditables, como en efecto sucedió.

Y si bien nunca dejaremos de lamentar la muerte y desaparición de las víctimas inocentes que dejaron estos luctuosos hechos, no estamos de acuerdo con hacer responsables a los servidores de la Patria, que no tenían otra alternativa sino la de defender la institucionalidad de la cruenta embestida de la guerrilla.

¿Dónde queda la responsabilidad del M-19? ¿Serían capaces sus antiguos miembros de renunciar al indulto, a los altos cargos que algunos ejercen desde su reinserción a la vida civil y someterse a procesos judiciales como el que se le sigue al Coronel Plazas?

En esa búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia, la comunidad debería exigir igualdad en el tratamiento de los procesos y en la aplicación de la ley. Es injusto tener dos raseros divergentes: uno, que posibilita el perdón y el indulto para los guerrilleros; y otro, que condena y lleva a la cárcel a los servidores de la Patria. ¡No hay derecho!

Tomado de:

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/%C2%A1/%C2%A1que_verg%C3%BCenza_de_sentencia/%C2%A1que_verg%C3%BCenza_de_sentencia.asp?CodSeccion=219

LA BOMBA DE TIEMPO JUNTO A NOSOTROS

Por: Olavo de Carvalho

El triunfo del equipo brasileño sobre Costa de Marfil era tan previsible como el de Juan Manuel Santos sobre Antanas Mockus, pero el primero no tendrá mayor consecuencia que alegrar por algunas horas a un pueblo para quien el fútbol sirve de anestesia contra los dramas de la vida y el miedo a la muerte, mientras que el segundo impone a otro pueblo una toma de decisiones que lo colocan a él y a todo el continente entre la vida y la muerte.

En Brasil, gracias a la abyecta e intencional ineptitud de nuestros medios de comunicación, nadie tiene la más mínima idea de lo que sucede en Colombia. Mi último artículo de la semana pasada da un ejemplo de la magnitud de las informaciones ocultadas al público brasileño, pero si colocamos ese ejemplo dentro del marco histórico-político que lo generó, entonces la ignorancia nacional al respecto se revela tan grave como dicho marco en sí mismo: los brasileños viven junto a una bomba de tiempo y no lo saben.

El caso del Coronel Plazas no es un episodio aislado: derrotadas en el campo militar, las organizaciones terroristas colombianas encontraron una protección segura en el sistema judicial, hoy repleto de marxistas para quienes la verdad no es la correspondencia de un juicio con los hechos pasados sino su utilidad estratégica con un proyecto de poder por lograr. Sentencias sin piés ni cabeza como la de la juez Maria Stella Jara, que estimulan la ambición demente de los grupos revolucionarios y narcotraficantes en la misma medida en que destruyen a porrazos la lógica jurídica y todo sentido de ley y orden, se producen en el sistema judicial colombiano en escala industrial, siempre en contra de los enemigos del terrorismo. Ya sea en el episodio del Palacio de Justicia, en las calles o en la selva, un terrorista hipotéticamente desaparecido suscita más indignación justiciera en los excelentísimos magistrados que la sangre de miles de víctimas comprobadas de las FARC, el ELN o el M-19. Inclusive si supusiéramos que cada “desaparecido” fuera un cadáver, lo que está lejos de ser verdad, la suma de todos ellos no llegaría ni a la vigésima parte de los muertos por la guerrilla y el narcotráfico. En contrapartida, en las cárceles colombianas hay hoy mil doscientos miembros de las Fuerzas Armadas, cuatro por cada terrorista preso. Nunca la selectividad judicial fue tan ostensible, tan descarada, tan obviamente inspirada en motivos políticos de una bajeza manifiesta.

La condena al Coronel Plazas, que ha sido hasta ahora el golpe más osado del terrorismo judicial, puede ser revocada por un tribunal superior (dudo que esto suceda) o anulada en sus efectos por un indulto presidencial que, para el reo inocente, tendrá el gusto amargo de la humillación.

En cualquiera de los dos casos, sólo una cosa es cierta: ella es apenas el prólogo del asalto procesual a la persona del actual Presidente Uribe, que continuará inevitablemente con la transmisión de la faja presidencial a Juan Manuel Santos. La meta final de esa estrategia es calificar al gobierno como violador de los derechos humanos, presionando a los Estados Unidos a suprimir toda ayuda militar a Colombia y dejando al país vulnerable a un ataque venezolano, que sin la menor sombra de duda, es uno de los sueños más embriagantes del señor Hugo Chávez.

Nadie en Colombia ignora esto. Acorraladas, debilitadas, odiadas y despreciadas por la nación entera (ni siquiera el candidato opositor se atrevió a decir una palabra en su favor), las FARC están apostando todo en la estrategia del Golpe de Estado Judicial. Si el Ejecutivo y el Legislativo no lo resisten, el Poder Judicial entregará en pocos meses a Colombia en las manos del Foro de Sao Paulo, contra la voluntad de toda la población. Si lo resisten, tendrá que ser a través de una reforma judicial que quiebre el poder de los jueces comunistas con algo similar a la institución estadounidense del impeachment a los magistrados, actualmente inexistente en Colombia. Pero los jueces y sus cómplices armados jamás aceptarán esto. Sortear esta trampa, si es posible, será el primer desafío del gobierno Santos. El ya demostró ser muy hábil en el campo militar. Lo demostró como Ministro de Defensa. Pero no podrá detener la catástrofe sino movilizando contra la élite revolucionaria el apoyo sólido, masivo y constante de la población. Es imposible prever si tendrá el talento político requerido para esto. Santos sube al poder en condiciones tan peligrosas como las que rodearon el primer mandato de Alvaro Uribe, sin embargo incomparablemente más sutiles y complejas.

Traducido por Félix-Eduardo Salcedo

El éxito ideológico del fracaso de la seguridad pública.

Por: Carlos Ponce*
Martes, 22 de Junio de 2010

El gobierno del Presidente Funes cumplió este mes un año de haber asumido el poder. Funcionarios de diferentes instituciones han figurado en los espacios noticiosos exponiendo los logros que, a su juicio, alcanzaron durante los primeros doce meses de su gestión. El gabinete de seguridad no fue la excepción.

Durante el fin de semana pasado escuché a ciudadanos comunes y corrientes criticar con indignación las optimistas declaraciones que brindaron el Ministro de Justicia y el Director de la Policía sobre su primer año de gestión, en un programa matutino de entrevistas.

Muchas de estas personas se preguntaban cómo dichos titulares gubernamentales pudieron desestimar el nivel sin precedentes que han alcanzado los homicidios y extorsiones, la elevada cantidad de masacres y asesinatos cometidos con extrema barbarie, los resultados de encuestas que revelan una opinión pública desfavorable con relación a su trabajo y el resurgimiento del delito de secuestro.

El aparato de seguridad estatal se deterioró de manera significativa en los últimos doce meses. Las nuevas autoridades, en poco tiempo:
(1) Desbarataron sistemas de trabajo policial y penitenciario efectivos.

(2) Ubicarona en unidades y oficinas clave a personal ideológicamente identificado con el partido oficial , sin que contaran con la experiencia, capacidad o formación adecuadas.

(3) Nombraron a ex comandantes guerrilleros en el sistema penitenciario.

(4) Suavizaron las medidas de seguridad en los centros penales y trasladaron peligrosos internos a presidios más cómodos y menos seguros.

(5) Permitieron la organización de un sindicato dentro de la Policía a pesar de que la Constitución de la República lo prohíbe.

(6) Adoptaron un enfoque de trabajo preventivo en detrimento del combate frontal de la criminalidad.

(7) Eliminaron el régimen de disponibilidad que permitía tener a más policías en las calles, retomándolo de nuevo después de experimentar un dramático incremento en la incidencia delincuencial.

(8) Desperdiciaron la experiencia acumulada por profesionales de la seguridad pública responsables de la ejecución y diseño de estrategias efectivas para controlar la delincuencia, ubicándolos en puestos poco relevantes.

(9) Desaprovecharon el apoyo de la Fuerza Armada, ya que sus sesgos ideológicos no permitieron coordinar adecuadamente las operaciones.

La ideologización del sistema de seguridad en el que se fundamentan estos desaciertos, es la responsable del recrudecimiento de la actividad criminal que se ha manifestado en lamentables hechos como los suscitados el fin de semana pasado, en los que presuntos pandilleros atacaron a dos unidades del transporte colectivo asesinando a tiros a ciudadanos inocentes y quemando vivos a otros.

Claudio de Rosa, conocido analista, publicó un artículo de opinión en un importante rotativo nacional, en el que comparaba el "Manual para tomar control de una sociedad", escrito por Lenin, con un documento del partido oficial. De Rosa sugiere, en su escrito, que el FMLN busca destruir el sistema económico y social a través del caos, la infiltración, el desarme de los ciudadanos honestos, la desconfianza en el gobierno y la desviación moral de la sociedad.

Bajo esta perspectiva, el actual fracaso del gabinete de seguridad constituye un éxito político para la izquierda radical, que busca crear las condiciones idóneas para implementar el Socialismo del Siglo XXI en El Salvador.

El desbordamiento de la criminalidad, de ser este el caso, irá progresivamente acompañado de la transformación de las Instituciones de seguridad en entes represores, empleados contra oponentes políticos, siguiendo el ejemplo de los regímenes comunistas implantados en Cuba, Mozambique, Afganistán, Rusia y otros países. Antes de que sea demasiado tarde, se deben de ejecutar estrategias y planes efectivos, para darle esperanza a la población, que ya está cansada de la inseguridad que experimenta y recupere la confianza en las autoridades competentes.
* Máster en Criminología y Ciencias Políticas.

Chile y América Latina ¿A que le teme Sebastián Piñera?

Por: Paola Molina
June 22, 2010 ⋅

La administración Piñera cumple sus primeros cien días de gestión en Chile, lo que nos llama a hacer un balance de los resultados obtenidos hasta el momento. Estamos de acuerdo que en tan corto tiempo no es fácil realizar grandes cambios internos y menos aún cuando se recibe un país en estado de emergencia, producto del catastrófico terremoto que lo azotó recientemente y de 20 largos años de la Concertación en el poder. Enfoquémonos entonces en el desenvolvimiento en materia de política exterior hacia la región latinoamericana que Chile ha tenido hasta el momento.

En su primera rueda de prensa, Piñera fue muy enfático al expresar su enorme desacuerdo en relación al régimen político y al modelo económico que nos impone el presidente Chávez a los venezolanos. Al respecto y fiel a su estilo confrontacional, Chávez no tardó en retrucar dichas declaraciones, llamando a su homólogo chileno a que se dedicara a gobernar su país, manifestando su desacuerdo con el hecho de que “un empresario tan rico sea Presidente”, y finalmente formulando una advertencia: “espero que Chile no se convirtiera en plataforma de ataque a Venezuela”. Piñera pareciera haber acatado las órdenes del Teniente Coronel Chávez y hoy en día, que en mi país se ha agudizado la violación de las libertades y los derechos fundamentales, no se ha escuchado el menor pronunciamiento por parte del mandatario chileno.

Por otra parte despierta una enorme curiosidad entender por qué la administración Piñera no manifestó oposición alguna a la reelección de José Miguel Insulza como secretario de la OEA; a sabiendas de las reiteradas violaciones de la Carta Democrática Interamericana por parte de dicho organismo internacional y la manifiesta complicidad del Insulza, ex funcionario de Salvador Allende, con gobiernos que violan los derechos fundamentales de sus pueblos, tales como Cuba y Venezuela.

Otro asunto al que no le encontramos explicación, es por que el presidente Piñera no ha reconocido aún a Porfirio Lobo como primer mandatario legítimo de Honduras, luego que éste haya resultado electo por el voto popular en elecciones de comprobada transparencia. Este hecho le permite a Manuel Zelaya, también discípulo del mandatario venezolano, continuar vengándose del pueblo catracho por no haberle permitido perpetuarse en el poder, llegando a complicarles la existencia hasta un punto exasperante.

Finalmente, y entre todos estos detalles de manejo de la política exterior hacia la región, resulta imposible obviar que el premier chileno se haya venido mostrado tan condescendiente con el gobierno de Argentina. Permitiendo en primer lugar que Néstor Kirchner, acusado de enriquecimiento ilícito y de impulsar enormes negociados junto al gobierno de Venezuela, fuera electo secretario general de la UNASUR; y en segundo lugar permitiendo que los Kirchner provocaran la renuncia del embajador Miguel Otero, representante diplomático del pueblo chileno en Argentina, a través de un sucio y cuestionable operativo de prensa.

Las expectativas que sembró Piñera en la región fueron enormes. Quienes en este lado del mundo, víctimas de la catástrofe institucional conocida como socialismo del siglo XXI, continuamos defendiendo la libertad y la democracia, vimos en el flamante presidente de Chile a un buen amigo de la libertad. Cien días después de comenzado su gobierno nos preguntamos ¿A que le teme Sebastián Piñera?

* Paola Molina es dirigente regional de Primero Justicia.
Tomado de: http://www.hacer.org/latam/?p=3754