Por: Emilio J. Cardenas*.
Una de las características más típicas de los gobiernos “bolivarianos” es la ola de corrupción que los afecta en todas partes.
Desde hace rato vengo insistiendo que una de las características más típicas (realmente de las que son “esenciales”) de los gobiernos “bolivarianos” es la ola de corrupción que los afecta, en todas partes. Sin límites, ni vergüenza alguna por parte de sus actores. Los casos escandalosos explotan y se acumulan, uno tras otro. Como si no pudieran gobernar sin robar. Pero los políticos “bolivarianos” no se inmutan. La imaginación, en esto, no tiene límite; todo vale cuando de quedarse con lo ajeno (con frecuencia burdamente) se trata.
En toda América Latina, en la extraña ensalada “bolivariana”, la corrupción es el elemento principal y el condimento infaltable. Siguen dos nuevos ejemplos de esto. Otros episodios del mismo tono, en la Argentina y Ecuador, demuestran la verdad de la conclusión antes expuesta.
El paraíso “sandinista” de negocios.
En Nicaragua se llamó -de improviso- a licitación internacional -el 24 de julio pasado- para adjudicar una nueva licencia para brindar servicios de telefonía básica en la llamada “banda ancha”. Además de los que ya brindan, Claro yMovistar, con 270 mil teléfonos fijos. Como en la Argentina, se sospechaba que los “amigos” del gobierno iban a ganar. Era un secreto, a gritos. Y así fue. La oligarquía empresaria que siempre circula en derredor de los gobiernos “bolivarianos”, pegada al poder, estaba al acecho con vasos comunicantes “non santos” con el entorno de Daniel Ortega. Existía, por ello, la creencia que un grupo conformado por oligarcas rusos y “amigos” de Ortega era, en verdad, el “caballo del comisario” en una licitación de aquellas que se hacen “a medida”.
En un proceso plagado de irregularidades, todos los adversarios de ese grupo, uno a uno, fueron siendo eliminados o “desalentados” (esto es advertidos -más o menos discretamente- que el negocio de la telefonía, de riquísimo “cash flow”) “tenía dueño” ya. Incluyendo entre los “desanimados” a empresas serias: como Amnet, Claro y Telefónica. El Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) adjudicó la licitación a la empresa rusa, conectada íntimamente con “empresarios” del “sandinismo” que se asociaron a ella. Minoritariamente. Para “La Prensa” de Managua, se trata de José Mojica Mejía (un antiguo miembro de “Seguridad del Estado” y hombre cercano a la pareja presidencial) y de José María Enríquez Moncada (amigo personal deBayardo Arce, el conocido “asesor” económico de Daniel Ortega), que operan a través de una sociedad anónima. La adjudicataria es: “Yota de Nicaragua”, representada por Alexey Fedchenko. Los accionistas rusos aparecen desde dos sociedades extranjeras constituidas una en Chipre (el “paraíso fiscal” notoriamente preferido por los rusos) y la otra en las Islas Vírgenes. Todo, bien extraño.
Al negocio antes nombrado se suma el de “Albanisa”, una sociedad anónima que es la beneficiaria directa del acuerdo petrolero entre Nicaragua yVenezuela, de mayo de 2007. El 51% de su capital pertenece a PDVSA, y el 49% restante a la nicaragüense “Petronic”. Un hermano de Hugo Chávez, en este caso Asdrúbal, preside “Albanisa”. El Vice-presidente de la empresa es un funcionario del riñón de Daniel Ortega: Francisco López. La Contraloría General de la República dice no poder reglamentariamente fiscalizarla, ni controlarla, desde que funciona “en el marco del derecho privado”. Pese a que se constituyó con recursos públicos. Notable.
“Albanisa” ha comprado los activos de la Distribuidora Nicaragüense dePetróleo (filial de la suiza Glencore), con lo que controla el 100% de la importación petrolera y el 73% de la capacidad de almacenaje local. Y, en el “downstream”, posee la mayor red de estaciones de servicio del país. Con esto, sin mayor esfuerzo, “Albanisa” gana unos 280 millones de dólares-año, manejando un flujo de negocios que “La Prensa” estima es de 600 millones de dólares. Increíblemente rentable como empresa, en torno a la cual -sin fiscalización- transitan inmensos negocios de intermediación, de toda suerte.
El infierno creciente de la corrupción pública boliviana.
En Bolivia, quien fuera Presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún,Guillermo Dalence, está en problemas. Ha sido detenido – preventivamente- por la supuesta compra, con sobreprecios, de una serie de terrenos en la provincia de Germán Bush, que aparentemente valían apenas unos 50.000 dólares, por los que se erogaron, en cambio, más de dos millones de dólares. Flor de “sobreprecio”, que alguno se “metió al bolsillo”.
Ellos debían ser entregados a la empresa india “Jindal”, para que comience la explotación del legendario yacimiento de hierro del Mutún, descubierto en 1848, cuyos estudios para su explotación se realizaron en 1956. Que recién empieza a generar actividad económica sustantiva. El pago fue autorizado por un decreto que lleva las firmas del Vice-presidente, el ideólogo marxista Álvaro García Linera y su Ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo. Raro, ¿no es cierto?
Una editorial del diario “El Día” sobre el tema comenta que esto pone al gobierno boliviano en una suerte de “campo minado”. Justo cuando se acercan las primeras elecciones nacionales, luego de haberse aprobado una nueva (y caótica) Constitución Política multinacional para el Estado Boliviano. Huele mal, porque ocurre que el propio Evo Morales estaba, aparentemente, al tanto de la transacción. La detención aludida se suma a la de otro hombre muy cercano a Evo Morales: Santos Ramírez, quien, luego de haber sido Ministro de Gobierno, presidiera a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, quien ya está alojado en la cárcel de San Pedro, en La Paz.
Pero no es nunca fácil probar estas cosas en la justicia boliviana, que Moralesparece manejar de cerca. Así lo sugiere la evaporación de 33 camiones que, de pronto, se esfumaron luego de transportar decenas de toneladas de contrabando con rumbo al Brasil. Como si, de pronto, Houdini hubiera sido boliviano. Hace apenas unas horas otra denuncia periodística ha vuelto a conmocionar a Bolivia. Por esas cosas los “bolivarianos” pretenden ponerle una mordaza a los medios. Me refiero a la denuncia formulada por “La Prensa” de La Paz contra la recién nacida: “Petroandina”, una empresa petrolera constituida conjuntamente por Bolivia (YPFB) y Venezuela (PDVSA).
La empresa binacional nació hace apenas unos pocos meses. Evo Morales, con la fanfarria habitual, la puso “en marcha” en octubre del año pasado. Hoy ella contrata por sumas millonarias con empresas “amigas” (pero sin antecedentes) tareas de exploración en el bloque Lliquimuni, en el que (junto con los de Timboye e Iñau) se invertirán unos 160 millones de dólares. Se ha llenado, aparentemente, de gastos suntuarios en sueldos y alquileres para mejorar el “nivel de vida” de sus altos funcionarios, que creen que viven enHouston.
Las denuncias, formuladas por un síndico y tres directores, terminaron en su suspensión como tales (en lugar de en un agradecimiento por la honestidad) y en el despido (como “chivos emisarios”) de altos funcionarios de la planta gerencial. Las cosas lucen horrendas en “Petroandina”. Hasta hay un bloque “fantasma” (inexistente) en el que se iban a emprender “tareas de exploración”. Más de lo mismo en la patria socialista de los “bolivarianos”.
Como en la Argentina, estas cosas se esconden -con frecuencia- tras las operaciones de flexibles y apetecibles “fideicomisos”, cuya particular operatoria queda fuera de las reglas de contralor estatal regular. Por ello “El Día” concluye su crónica de los episodios señalando que “el gobierno de Morales no puede demostrar que los casos de corrupción son aislados”. Están por todas partes, y “pican” demasiado cerca del propio Morales. “Las salpicaduras (continúa “El Día”) parecen tocar toda la estructura”. Y pareciera ser así. Peculiar mundo el de los “bolivarianos”, queda visto. Primero yo, después (eventualmente) el pueblo, al que constantemente declaman “servir”. Así es la corrupción. Una plaga más de las “bolivarianas”. En este caso, una que florece espontáneamente.
*Emilio Cárdenas, ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.
