Colombia pide perdón por algo que no cometió.

Manuel Cepeda y Alfonso Cano

Agosto 18th, 2011
Por: Eduardo Mackenzie

Hay algo de indecente en el “perdón” pedido, en nombre del Estado colombiano, por el ministro del Interior Germán Vargas Lleras, por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas el 9 de agosto de 1994 en Bogotá. Tras las sucintas informaciones publicadas por dos diarios acerca del acto en un salón del Capitolio nacional, se instaló un gran silencio. Es como si todos hubiéramos aceptado que ese pedido de “perdón” es legítimo y que los hechos sobre los cuales éste descansa son muy claros.
Pero esa no es la situación.

El ministro Vargas Lleras acató una sentencia de la CIDH que, acogiendo las pretensiones desproporcionadas de la familia de Cepeda Vargas, obliga al Estado colombiano a someterse a esa ignominia. Nada más legítimo que la familia del senador comunista asesinado pida justicia y reparación. Sin embargo, Iván Cepeda, el hijo del muerto, se ha embarcado en una operación de largo aliento que va más allá de eso. El quiere culpar de ese crimen al Estado Colombiano y obligarlo a que acepte semejante acusación, como si ésta no fuera falsa, y que soporte una serie de humillaciones.

Lo ocurrido en el Capitolio el 8 de agosto pasado es una claudicación del gobierno de Juan Manuel Santos ante una de las operaciones de deslegitimación del Estado colombiano más vastas que el país haya conocido. Es cierto que ese tribunal extranjero falló de esa manera. Ello no quiere decir que esa sentencia sea irreprochable, justa e imparcial. Es, por el contrario, una sentencia que debe ser cuestionada. Por una razón fundamental: la CIDH fue incapaz de reconocer los hechos del asunto, sobre todo el punto principal: que ese asesinato no fue urdido, ni ordenado, ni dirigido, ni auspiciado, ni ocultado por el Estado ni por el gobierno colombiano. Esa sentencia pretende, además, rehacer la historia de la subversión en Colombia. Ella escamotea la terrible agresión que sufría Colombia por parte de las FARC y de los carteles de la droga en ese momento y la guerra entre las FARC y los paramilitares. Esa sentencia pretende convertir a Manuel Cepeda Vargas, un agente subversivo violento, en un paladín “de la democracia”. Ese texto contradice incluso la historia de las FARC y del PCC al negar que entre la UP y las FARC haya lazos, al negar que los haya habido entre el PCC y las FARC. Esa sentencia es un acto de negacionismo histórico inadmisible.

Manuel Cepeda Vargas fue asesinado por paramilitares autónomos pagados por Héctor Castaño Gil, hermano de Carlos Castaño Gil, el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Dos sargentos del Ejército hicieron parte del comando que asesinó a Cepeda, eso es cierto, pero tales individuos estaban bajo órdenes de los paramilitares que organizaron y pagaron la emboscada.

La sentencia admite que Fabio de Jesús Usme Ramírez, alias el “Candelillo”, y Edilson de Jesús Jiménez, alias el “Ñato”, “habrían sido contratados por el señor Castaño Gil para dar muerte al senador Cepeda”; que la persona que conducía el automóvil desde donde se le disparó a Cepeda “habría sido un paramilitar llamado Pionono Franco Bedoya, quien habría muerto en octubre de 1994”. La sentencia agrega que la Fiscalía señaló que Víctor Alcides Giraldo, alias “Tocayo”, se encontraba vinculado al proceso por haber participado en la coordinación de los sicarios que ejecutaron a Cepeda, y que Giraldo había muerto durante las investigaciones, “poco después de fugarse de la cárcel de máxima seguridad de Bellavista en 1995”.
Por su parte, el diario El Tiempo de 12 de junio de 2001 reveló que de una cuenta bancaria de Héctor Castaño Gil “salió el dinero para pagarle a Fabio Usme”. El artículo agrega: “Esta cuenta, cuatro meses más tarde, sirvió para pagar los gastos funerarios de “Candelillo”, asesinado en Mutatá (Antioquia). El sicario fue sepultado el 16 de diciembre de 1994 en el cementerio Jardines de la Fe de Bello, con otro nombre”. En marzo de 2009, la Fiscalía dictó auto de detención preventiva a Edilson Jiménez Ramírez, por el atentado contra Cepeda Vargas.

En el libro Mi Confesión, de Mario Aranguren Molina, publicado en febrero 2001, donde el autor recoge las declaraciones de Carlos Castaño Gil, éste dice que él dirigió “el comando que ejecutó al senador Manuel Cepeda Vargas” y que él ordenó “su muerte como respuesta a un asesinato que perpetró (sic) las FARC, fuera de combate”. La Procuraduría siempre afirmó que Carlos Castaño Gil había ordenado a “Candelillo” y al “Ñato” intervenir en el ataque mortal contra Cepeda.

Iván Cepeda, y el colectivo de abogados que lo apoya, nunca hicieron la distinción entre un sargento que por compromiso con delincuentes comete un crimen y un sargento que bajo órdenes de su jerarquía comete un crimen. Esa distinción es esencial para conocer la verdadera naturaleza del atentado contra Cepeda Vargas. La responsabilidad o no del Estado colombiano depende de esa distinción.

Iván Cepeda no la hace. La CIDH no la hace. El Partido Comunista, del cual Manuel Cepeda era dirigente, no la hace. A ninguno de ellos les interesa que la ciudadanía sepa qué ocurrió el 9 de agosto de 1994. Les interesa, por el contrario, hacer creer que el Estado y el gobierno ordenaron ese atentado. Ello es falso. Ningún tribunal colombiano ha comprobado tal cosa. La misma CIDH fue incapaz de probar eso. En cambio, la Fiscalía y la Procuraduría de Colombia comprobaron que grupos paramilitares urdieron y realizaron ese asesinato. Iván Cepeda se aprovechó del hecho de que dos sargentos estuvieron en el atentado: los suboficiales del Ejército Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador. Medina pertenecía al batallón Tenerife de Neiva y Zúñiga al Batallón Los Panches, también de la capital del Huila. Nadie ha establecido que sus jefes jerárquicos les hayan dado la orden de asesinar a Manuel Cepeda Vargas.

Iván Cepeda es impreciso cuando habla de los autores intelectuales del atentado. Pues sabe que éstos también fueron paramilitares conocidos, y no el gobierno, ni los mandos militares. Pero esa versión, la llamada verdad procesal, no le sirve a Iván Cepeda. El quiere otra cosa. El se empeña en utilizar una amalgama odiosa pero burda: que su padre fue asesinado “por funcionarios públicos”, o por “agentes estatales”. El y la CIDH pretenden hacernos tragar esta culebra: como había “agentes estatales” en la escena del crimen, ese crimen fue “ordenado” por el Estado, o “desde el Estado mismo”, como dice, en fórmula aún más ambigua, el magistrado que dictó la sentencia. Todo ello es inconsistente, si no falso. Los soldados Medina y Gil actuaron por su cuenta, como sicarios de paramilitares que eran, no por cuenta de su jerarquía, ni como “funcionarios públicos”. Iván Cepeda, quien trajina con ese tema desde diciembre de 1993, no ha podido probar lo contrario. La jerarquía militar cuando supo que Medina y Gil habían sido acusados de haber participado en ese crimen los entregó a la justicia. Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador fueron capturados, juzgados y condenados a prisión por haber jugado un papel activo como autores materiales en ese asesinato.

En lugar de distinguir, Iván Cepeda confunde. Iván Cepeda logró hacerle creer al CIDH que la muerte de su padre se produjo en un “operativo mixto, de militares y paramilitares”. No obstante, cuando los citados sargentos obraron en ese comando lo hicieron como pistoleros al servicio de paramilitares, no como soldados de Colombia. La teoría del “operativo mixto” no tiene sentido si no se prueba antes que las fuerzas militares ordenaron a los dos sargentos cometer ese asesinato. ¿Eso ha sido probado? ¿Por quién?

Invito a los lectores a buscar en la sentencia la menor prueba de la teoría del “operativo mixto”: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=338
Basada únicamente en las conjeturas de Iván Cepeda, la CIDH sugiere que el coronel Rodolfo Herrera Luna les pagó a esos sargentos por el asesinato de Cepeda. Sin embargo, esa gravísima acusación nunca fue probada por la Fiscalía, ni por la Procuraduría, ni por la CIDH. Si la Fiscalía tenía “indicios” de eso, como afirma Iván Cepeda, ¿por qué no lo llamó a declarar? ¿Por qué fue revivido ese tema sólo después de la muerte en 1997 del coronel Herrera? La CIDH no lo dice. ¿Por qué esa sentencia evita toda precisión sobre la trayectoria personal y militar del coronel Herrera Luna? ¿No es acaso una pieza fundamental de su argumentación?

El paramilitar “Don Berna” acusó ulteriormente a Miguel Narváez, ex director del DAS, de haber “instigado” la muerte de Cepeda Vargas. Pero el “testimonio” de “Don Berna” es de tercera mano e inverificable: él dice basarse en la conversación con un muerto (“me enteré por boca del comandante Castaño”).

Estamos pues ante afirmaciones gratuitas y suposiciones contradictorias que la CIDH fue incapaz de transformar en evidencias, en pruebas irrefutables.
Si Iván Cepeda tuviera razón en cuanto a que los superiores de los dos sargentos impulsaron ese crimen habría una serie de oficiales y hasta un ministro de Defensa detenidos. El presidente de la República de la época (Ernesto Samper Pizano), o el presidente anterior (César Gaviria Trujillo), habrían sido llamados a declarar, por lo menos, pues Iván Cepeda habla de “crimen de Estado”. Pero ese no es el caso. ¿Por qué?

Sobre bases tan endebles la CIDH se atrevió a condenar al Estado colombiano “por acción y omisión” en el asesinato de Cepeda Vargas, e insiste en infligirle una serie de humillaciones, como lo del pedido de “perdón público”, entre otras. Aún más vergonzoso es que el gobierno colombiano, quien tuvo que haber leído la sentencia del 26 de mayo de 2010, y visto su carácter improbable, haya capitulado ante tales audacias y aceptado ser humillado.

El PCC no ha podido negar hasta hoy que Manuel Cepeda Vargas fue durante años el elemento que conectaba la cúspide del PCC con la dirección de las FARC, y viceversa, y a las FARC con la dirección cubana. Es decir, órdenes y planes de esas tres entidades pasaron por sus manos, con su aprobación. ¿Cuántos colombianos murieron por decisiones que él tomó? Manuel Cepeda Vargas no era un senador como los otros senadores. El tenía sangre en las manos. ¿Por qué las FARC le rinden tributo a Manuel Cepeda Vargas al darle ese nombre a uno de sus frentes más bestiales, el que secuestró a los diputados del Valle, entre otras fechorías? ¿Por sus bellos discursos?

Manuel Cepeda era un senador de la UP. Este no era un partido como los demás. La UP fue una creación de las FARC. La UP era el brazo político de una organización terrorista. Algo que ninguna democracia permite. La UP, dice el PCC, fue el producto de una “tregua” entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC. Dudoso. Esa tregua fue violada por las FARC desde el primer día: al mismo tiempo que creaban la UP, las FARC forjaban la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Las FARC enviaron varios de sus cuadros a “abrir una actividad política”. Era gente que había cometido atrocidades. Ese fue el caso, por ejemplo, de Braulio Herrera. Después de su periodo como dirigente de la UP, y de sus giras legales por el país y por Europa (con dineros del Parlamento colombiano), y de ser elegido representante a la Cámara, volvió al monte y allí masacró a un grupo de sus propios guerrilleros. Hoy no se sabe qué hicieron las FARC con él. Ese era un jefe de la UP, como Cepeda Vargas. Otro elegido de la UP, fue Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, alto jefe de las FARC. En la serie de atentados que sufrieran muchos miembros de la UP intervinieron varios actores: el cartel de Medellín y los paramilitares, sobre todo, y las venganzas personales de civiles, policías y militares que actuaban por su cuenta, y hasta las Farc y sus disidencias. ¿Hemos olvidado quien atentó contra Hernando Hurtado, otro alto jefe del PCC? La CIDH niega todo eso e intenta mostrar al Estado colombiano como el responsable de las muertes de la UP.

Cepeda Vargas fue asesinado por sicarios bajo órdenes de paramilitares. Entre los sicarios había dos militares. Pero esos militares no participaron en ese asesinato cumpliendo órdenes del Estado, ni del Gobierno, ni de las fuerzas armadas. Por eso no se puede decir que fue un “crimen de Estado”, como Iván Cepeda trata de hacer creer. Esa es la distinción que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos debería haber hecho y no hizo.

Esa distinción es un punto decisivo. Decisivo para el honor de Colombia, de sus autoridades y de su ciudadanía. El pedido de “perdón” del ministro Vargas es un grave error, es una infamia contra Colombia, un insulto a todas las víctimas de las FARC y de los otros aparatos terroristas que esa banda creó.

Cepeda Vargas era un senador, pero era, al mismo tiempo, un hombre violento. El quería imponer por la fuerza un escenario: la destrucción de la democracia y la conformación de una dictadura “proletaria” en Colombia. Era un partidario de la combinación de todas las formas de lucha, es decir de la guerra prolongada, abierta y clandestina, contra los colombianos. Fue un violento que marginó a los elementos de su propio partido que se apartaban de esa vía. El murió a manos de otros violentos. El no merece que le erijan monumentos, ni merece que sea mostrado como un “ejemplo” para los periodistas, como pretende su familia.

Es probable que el Estado colombiano se haya defendido mal en ese largo pleito. Eso no lo transforma en el asesino de Cepeda Vargas. En la sentencia del 26 de mayo de 2010 se lee que, el 4 de julio de 2009, el Estado colombiano alegó (pero sin ser escuchado), que “no existió una política estatal con el fin de dar muerte al señor Manuel Cepeda Vargas; que no se probó la existencia del presunto ‘plan golpe de gracia’; que no existió un patrón sistemático de violencia contra los miembros de la UP ‘en cabeza del Estado’”. Además, alegó que “no es responsable por las alegadas violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 16 y 22 de la Convención Americana” (libertad de asociación, de circulación y residencia). La CIDH rechazó los argumentos de la defensa y acogió sin discernimiento las pretensiones de la parte adversa. Eso explica por qué ese adefesio judicial es y será objeto de vivas controversias. Esa sentencia es una muestra más de la politización de esa Corte.

SOBRE MIS PRINCIPIOS POLÍTICOS.

Basado y modificado del texto Dios y la democracia liberal de Carlos Montaner.

Evolucionismo o creacionismo? Azar o diseño inteligente? Esa es la pregunta que vuelve a dividir a la intelligentsia. Los neodarwinianos opinan que no es posible observar las huellas de Dios en la evolución de los seres vivos. No hay pruebas científicas de su mano divina. La evolución –postulan- es un proceso biológico amoral. Los cambio suceden sin que los guie un criterio ético. Los creacionista, en cambio, aseguran que no es posible explicarse la inmensa complejidad de la vida sin la intervención de un ser superior que así lo decidiera. Les parece, además, que los seres humanos tienen un profundo sentido moral que solo puede explicarse por la existencia de Dios.

En principio, parece un inofensivo debate intelectual en el que se trenzan y confunden la ciencia y la teología, pero no es cierto. No se trata de una disparidad académica que se dirime inocentemente en la aulas universitarias. La controversia afecta a la raíz misma de la civilización occidental y a largo plazo puede tener unas tremendas consecuencias en el plano político.

Todo el armazón filosófico y jurídico sobre el que descansa la democracia liberal, se articula en torno a la existencia de un ser superior del que emanan ”los derechos naturales” que protegen a los individuos frente a la acción del Estado o frente a la voluntad de otras personas.

Si desaparece la premisa de la existencia de Dios, la hipótesis de la existencia de derechos naturales queda automáticamente eliminada y se le abre la puerta a cualquier género de atropellos.

Se le atribuye al judío Zenón, feo y patizambo, triste y brillante, fundador del estoicismo en el siglo IV a.c., la primera formulación de la teoría de los derechos naturales. En la Grecia de su tiempo, -Zenón impartía sus charlas en Atenas- las personas eran sujetos de derecho por dos vías: la fratria o tribu a la que se pertenecía, o la ciudad en la que vivía. La ”sangre” y el “suelo” eran las bases que determinaban los derechos que se aplicaban a las personas, normas que en gran medida siguen vigentes en nuestros días. Pero Zenón y sus seguidores plantearon algo totalmente novedoso y revolucionario: los seres humanos, por su carácter único, poseían unos derechos que no provenían de la etnia o de la ciudad, sino de los Dioses. Esos derechos eran anteriores a la existencia de la tribu y del Estado, así que no podían ser suprimidos por la fratria ni por las autoridades políticas de la ciudad, puesto que no habían ido otorgados por ellas.

El planteamiento de los Estoicos daba pie a una conclusión formidable: la igualdad esencial entre las personas y la diferencia cualitativa que las separaba de las demás criaturas. Las personas estaban dotadas de la capacidad de razonar. Poseían de manera innata la facultad de obrar con justicia. Podían distinguir la bondad de la maldad, como si una fuerza sobrenatural les hubiera inclinado la conciencia en la dirección del juicio ético. No era verdad, como defendía Aristóteles, que hubiera, “esclavos por naturaleza”. No era cierta la supuesta inferioridad de las mujeres o de los extranjeros, entonces llamados “barbaros”. Por eso cuando el cristianismo, siglos más tarde, asumió el legado filosófico de los estoicos, les abrió los brazos a todas las razas, nacionalidades, clases sociales y a los dos sexos. “Católico” precisamente quiere decir universal.

A fines del siglo XVII el británico John Locke (entre otros), retoma en sus escritos el argumento de los derechos naturales y echa las bases de la democracia liberal: ni el Rey ni el parlamento pueden legislar contra la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad. De Locke surge el Bill of Rights de los ingleses y los límites de la autoridad real. Con él se consagran los principios con los que cien años más tarde se funda Estados Unidos y los franceses redactan la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
El silogismo es impecable: sin la creencia en Dios, no eran concebibles la existencia de los derechos naturales; sin los derechos naturales no se sostiene la idea de la democracia liberal.
Así de simple: si no hay derechos naturales, puede ser aceptable esclavizar a los cautivos, discriminar a las mujeres y execrar a los extranjeros. Basta con que lo decida una fuente legítima de poder, como la mayoría aritmética, por ejemplo, o un grupo de sabios insignes o petulantes.

El marxismo –otro ejemplo-, que negaba la existencia de derechos naturales, se sentía autorizado, en nombre de la clase obrera, a establecer la dictadura del proletariado, privar de sus bienes a millones de personas y fusilar y encarcelar a otras tantas por ser despreciables “enemigos de clase”. El nazismo, que tampoco creía en los derechos naturales, extermino a seis millones de judíos y a un millon de gitanos y a otras minorías porque no había ningún impedimento moral o filosófico que lo frenara.

Lo que resulta indiscutible es que si en occidente, existen la libertad y la tolerancia, es porque hemos colocado unos diques capaces de frenar la barbarie: los derechos naturales. Dinamitarlos es precipitarnos en el abismo.

Guarín en maniobras desesperadas.

Eduardo Mackenzie

Por: Eduardo Mackenzie

30 de junio de 2010

René Guarín desató una nueva campaña de odio contra el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, pocos días después de que éste recibiera la cuestionada y surrealista condena, en primera instancia, de 30 años de prisión. Furioso porque el Inpec había trasladado al Coronel a la Escuela de Infantería de Bogotá, y no a la cárcel de la Picota, el hermano de Cristina Guarín, una de las personas que perdieron la vida en la tragedia del 6 y 7 de noviembre de 1985, acusó al Coronel de “desacato”. Es el mundo al revés: el traslado a la guarnición militar fue una decisión del Inpec, y de nadie más.

En su carta al Inpec del 18 de junio de 2010, la juez María Stella Jara Gutiérrez ordena trasladar al Coronel Luis Alfonso Plazas Vega “a un sitio de reclusión”. Allí la juez no dice que el Coronel debe ser llevado a una cárcel. Al usar la fórmula “sitio de reclusión” la juez indicó, con precisión, que Plazas debía ir a una guarnición militar pues así lo determina la ley. Una resolución vigente habilita a la Escuela de Infantería para servir como lugar de reclusión de los militares que son objeto de un proceso penal. Allí se encuentran, por ejemplo, el general Uscátegui y el general Arias Cabrales. Allí estuvo, hasta su absolución, el Almirante Arango Bacci.

La juez Jara había intentado, en agosto de 2009, trasladar a la Picota al Coronel Plazas violando su estatuto militar. Fracasó. El coronel regresó al Hospital Militar, pues su estado de salud lo exigía. Pero la violencia y arbitrariedad utilizada en ese traslado reveló el alto contenido emocional que impregna ese proceso y la subjetividad más que culpable sobre la que reposa el fallo del 9 de junio de 2010.

René Guarín conoce perfectamente estas cosas. Sin embargo, él no vaciló un minuto al ir a mentir ante varios periodistas bogotanos. El quería que difundieran, como algunos hicieron, su desorientador punto de vista. Lo hizo de manera consciente y deliberada. Y arrastró a ello a Cecilia Cabrera, otra familiar de un “desaparecido”. Y Guarín agregó: “El fallo es claro al decir que la reclusión debe ser en una cárcel, pero la Escuela de Infantería no es una un sitio de reclusión particular”. Falso. La sentencia del 9 de junio de 2010 no aborda el tema del lugar de reclusión. Guarín lo sabe. Sus abogados lo saben. Lo que busca Guarín es impresionar a los periodistas dóciles y desorientar a la opinión pública.

Guarín agregó otra enormidad: “Vamos a escribirle al Tribunal Superior de Bogotá, para que tenga en cuenta este desacato (sic) por parte del coronel Plazas de la sentencia para que le confirme los 30 años que le dio la juez tercera especializada”. ¿Cuál desacato? En ese traslado nadie desacató a nadie. Incapaz de criticar directamente a la juez Jara Gutiérrez por no haber hecho lo que él quería, Guarín ataca de manera cobarde al coronel Plazas. Lo mismo hizo Cecilia Cabrera, quien estimó que ese traslado “es una burla a la justicia”.

De ese episodio hay que sacar una conclusión: cuando se es capaz de mentir tan descaradamente, y en materia tan grave, es porque se ha mentido antes, y, sobre todo, a lo largo de este proceso.

Acostumbrados a obrar a sus anchas, y a diseminar en diarios y radios informaciones falsas, esos personajes insultan ahora a la misma juez Jara y al Inpec. Creyendo haber ganado la partida, con la sentencia del 6 de junio, quieren ir más lejos. Esa voracidad no conoce límites. ¿Por qué ese interés desmedido en que el Coronel Plazas vaya a dar a la Picota, infestada de matones y narco terroristas, gente que él combatió con determinación? ¿Por qué Guarín está gritando ahora que el Coronel Plazas debe ser llevado a una cárcel muy lejos de Bogotá que el llama “cuatro bolas”?

¿Qué se está tramando con esos alaridos?

La campaña de Guarín, quien se mueve entre Bogotá, Madrid y Bruselas, financiado no se sabe por quién, es la de un desesperado. Es comprensible. Probablemente el juez de segunda instancia rechazará la sentencia de la juez Jara Gutiérrez. Pues estamos ante una paradoja: el mayor argumento a favor de la inocencia del coronel Plazas Vega se encuentra en la sentencia de Jara. Los colombianos deberían leer ese documento. Es verdad, son 302 páginas y la prosa no es bella, ni amena, ni fluida. Se encuentran allí tecnicismos, neologismos, giros jurídicos desuetos y teorías rarísimas como el de la “culpabilidad mediata” (lejana). Pero no importa. Esa sentencia, si se la lee con atención, ofrece una verdad: el coronel Plazas es inocente, y la juez no encontró prueba alguna contra él.

El mismo Guarín sabe que lo que cuenta es la venganza. Guarín dijo el 18 de abril de 2010, antes de la sentencia, que ésta tendría poco que ver con la justicia, que sería otra cosa: “Hablar de justicia en un caso como este es muy difícil teniendo en cuenta que es un proceso que comenzó 20 años después de haberse perpetrado el crimen, donde la justicia comienza a actuar tardíamente.” (Ver www.elperiodico.com.co, 18 de abril de 2010).

La juez utilizó, sobre todo, dos testimonios totalmente anómalos: el de Tirso Sáenz y el de Edgar Villamizar. Ambos son falsos de toda falsedad. La juez rechazó el primero (pues éste reveló que había pedido dinero y ventajas procesales a cambio de su falso testimonio), y acogió el segundo, el más ilegítimo y deshonesto. Cualquier otro juez habría anulado ese proceso por la presencia de tales “pruebas”. La Procuraduria General pidió por eso absolver a Plazas. El juez de segunda instancia no tiene más salida que rechazar ese fallo. Guarín y sus amigos lo saben y eso los desestabiliza.

Villamizar es un testigo fantasma. La propia juez nunca lo vio ni lo interrogó. Tampoco la defensa. Su testimonio fue firmado con una firma y una identidad falsas. No se sabe siquiera dónde el fantasma rindió a la fiscal su “testimonio”. Pues en los registros de entrada a la Escuela de Caballería del 1 de agosto de 2007 su nombre no aparece. El fantasma nunca aclaró eso, ni se presentó jamás al juzgado. Su testimonio es un anti-testimonio. ¿Por qué sólo 22 años después de los hechos del Palacio apareció (fugazmente) ese testigo tan sospechoso? ¿Quién mueve los hilos de ese grotesco títere? El fantasma no dice siquiera que vio a Plazas secuestrar ni apresar a nadie. No afirma que fuera testigo de que Plazas diera una orden en ese sentido. La juez no pudo probar que ese fantasma hubiera estado en la refriega del Palacio de Justicia. Esos dos días él los pasó en el batallón Vargas de Granada (Meta). El pretende haber sido transportado el día del incidente en un helicóptero para 14 personas. Las fuerzas militares colombianas no tenían en 1985 ese tipo de helicópteros. Sus helicópteros sólo podían llevar 5 o 6 tripulantes. Ninguno de los combatientes de la fuerza pública vio al fantasma en la refriega. Ese es, sin embargo, el testigo de cargo clave sobre el cual descansan las 302 páginas de la sentencia de la juez Jara Gutiérrez.

La prensa no puedo siquiera preguntarle a la juez por qué falló con un material probatorio tan endeble, pues ella se fue del país sin dejar dirección. Ese proceso es, pues, una montaña de injusticias y de enigmas. Es el escándalo más grande de la historia judicial de Colombia. Ese fallo es una mancha infamante para toda la rama judicial, la cual será lavada por el juez de la segunda instancia.

Tomado de: http://www.observatoriobrasileno.blogspot.com/

Mockus no logró ocultar su chavismo.

Por: Eduardo Mackenzie

Después de tratar de virar hacia el centro para ganar puntos ante un electorado fastidiado por sus lapsus y sus indecisiones, y de montar la comedia de la disputa con Gustavo Petro, de quien no aceptará, dice, apoyos ni alianzas pues éste “defiende teorías que directa o indirectamente justifican la violencia” (ya veremos cómo ese vino se transforma en agua dentro de unos días), el candidato verde, vuelve a su verdadera religión: a sus embelecos por el ogro de Caracas y al entreguismo distanciado ante las Farc.

Antanas Mockus y Gustavo Petro juegan a hacerse los enemistados. Empero, sus convergencias políticas siguen allí y desnudan sus planes. Mockus y Petro son los únicos candidatos que, ante el tema del diálogo con “la guerrilla”, exigen lo mínimo: sólo abandonar el secuestro. Ellos dos reducen el problema del terrorismo subversivo al secuestro, cuando la acción criminal y depredadora de las Farc es mucho más vasta y ambiciosa. Pero ni Mockus ni Petro quieren ver la dimensión real del problema, pues eso molestaría al caudillo de la revolución bolivariana.

En Caracas, la nueva teoría para fomentar la “revolución” en Colombia parte de eso: de la exigencia mínima. Las Farc quieren volver a su viejo esquema que les dio tan buenos resultados en el pasado: diálogo en medio de la guerra. Diálogo, no para hacer la paz, sino para ganar tiempo, ocupar el terreno mediático y, sobre todo, para salir de la lista europea de organizaciones terroristas, y poder montar oficinas farianas en las capitales extranjeras, de la mano de las embajadas venezolanas. Es decir, volver a la situación de 2001, o a algo peor.

Eso es lo que está exigiendo en esos días, precisamente, Piedad Córdoba en Europa. En la capital española ella dijo: “Las Farc y el Eln tienen que ser sacados de la lista de ‘terroristas’ para que nosotros podamos avanzar hacia la discusión de la salida política y negociada al conflicto”. Como su auditorio es cada vez más reducido, ella no vaciló en insultar a todo el mundo. Dijo que “España alimenta la guerra en Colombia para defender los intereses económicos de las multinacionales”. La Unión Europea no escapó a su lengua viperina pues la acusó “apoyar el exterminio y las desapariciones” en Colombia. (Ver http://www.agenciapensamientocritico.blogspot.com/)

El candidato de los Verdes retoma, pues, unas tesis que están más en tono con los escenarios que Caracas está preparando. Y él aspira hacer eso discretamente, con sus frases habituales, para no irritar al electorado de centro y a los uribistas. ¿Lo logrará? Mockus declara, por ejemplo, que no cree que Hugo Chávez sea un “cínico”. Qué horror siquiera pensarlo, dice. Y anuncia que si él gana la elección invitará a ese personaje a su posesión. Mockus parece decirnos que con gestos de concordia él aplacará al presidente venezolano. La sugerencia que hay detrás de todo eso es transparente: fue Álvaro Uribe quien con su política “de guerra” enfureció al buen hombre de Caracas. Todo sabemos, sin embargo, que éste le juró la guerra a la democracia colombiana desde antes de 2002.

El profesor Mockus lanzó otras perlas, para que los verdes y la izquierda no se dividan: dijo que ve los “falsos positivos” como un “flagelo”. ¿Por que utilizó esa palabra en su mitin de Soacha? Porque flagelo quiere decir azote o calamidad prolongada. No otra cosa es lo que predica Piedad Córdoba en Europa. ¿Mockus tiene esa visión: los falsos positivos son una política “de Estado”, una obra siniestra y continuada pues el Ejército no lucha contra las bandas armadas ilegales sino contra civiles desarmados?

En otro acto, el 17 de mayo, al responderle a un periodista ecuatoriano sobre el proceso que quiere montarle el juez de Sucumbios al ex ministro y candidato Juan Manuel Santos, Antanas Mockus evadió el tema en sí pero ofreció, como siempre, una respuesta indirecta. Según El Tiempo, Mockus dijo que él no habría hecho ese ataque. Y agregó esta frase: “El que usted cometa un atentado contra la vida de civiles inermes con fines supuestamente altruistas, eso, que el mundo antes veía con ojos benignos, eso se acabó (…) ya no encontrarán ustedes legislación que diga, oiga el tipo lo hacía por buenas intenciones, la gente paga por lo que hace, no por la intención con que lo hizo”.

Esa frase constituye, en mi opinión, el análisis más inepto que se haya hecho hasta hoy de lo ocurrido el 1 de marzo de 2008 en Angostura, Ecuador. En la frase de Mockus, el ataque a la columna de Raúl Reyes se transforma en un “atentado”, los guerrilleros que se encontraban con él son mostrados como “civiles inermes”, y el motivo del bombardeo es calificado de “supuestamente altruista”, es decir no altruista. Mockus insiste en un punto: allí no hubo “buena intención”. La deducción que salta a la vista es obvia: para Mockus lo de Angostura fue una acción criminal.

Pero eso no es todo. Lo más grave es lo que sigue. Si Antanas es consecuente con eso de que “la gente paga por lo que hace, no por la intención con que lo hizo”, el presidente Uribe, el ex ministro Santos y los altos mandos de las Fuerzas Militares colombianas, serían extraditados por él a Ecuador pues deben “pagar” el ataque a Reyes, un hecho criminal y no una buena intención. El lapsus calami del otro día no fue gratuito.

Esa es la visión real que el candidato verde tiene del operativo contra el número dos de las Farc en Ecuador y del proceso que quiere montarle el presidente Rafael Correa (y muy seguramente Hugo Chávez) a la dirigencia colombiana, como quedó visto en la cumbre UE-América Latina de Madrid, donde Rafael Correa respaldó totalmente la maniobra pseudo judicial de Sucumbios.

Llama la atención el hecho de que esas declaraciones fueron hechas, precisamente, cuando la prensa brasileña y colombiana denunciaron la existencia en Brasil de campamentos estables de las Farc. En ese marco, las perlas lanzadas por el candidato verde cobran gran significado. Mockus podría haber dado una opinión menos categórica frente al caso de Angostura. Mockus, por el contrario, se comprometió por anticipado: “Yo nunca habría hecho el ataque”. Esa postura imprudente es una promesa, un mensaje que las Farc captarán: ellas podrá seguir construyendo bastiones en Venezuela, Ecuador y Brasil, pues un eventual gobierno de Antanas Mockus no moverá un dedo. Si él es presidente no se hará nada, fuera de frases confusas, para contrariar esa estrategia. Desde allá, las Farc podrán pues montar otros campos de cautiverio y muerte para los secuestrados, traficar con drogas, armas y explosivos, y preparar ataques contra Colombia, pues el gobierno de la “legalidad democrática” los dejará tranquilos.

Antanas Mockus dejó ver hasta dónde está dispuesto a hacer malabarismos con la seguridad nacional colombiana. En entrevista con El Comercio, dijo que si fuera presidente él entregaría al gobierno de Ecuador los computadores del ex jefe guerrillero Raúl Reyes: “Realizaremos la cooperación internacional que sea necesaria, siempre exigiendo garantías sobre el uso y el manejo de la información contenida en los computadores. La información no puede terminar en malas manos”. ¡Valiente precaución! También Antanas cedió ante Rafael Correa cuando éste acusa a Colombia de “no controla su frontera”. Mockus dijo: “El reclamo del presidente Correa es válido”. Y, para mostrar que un verde puede ocultar un rojo, agregó que el proyecto “socialista” del presidente Correa “aborda muchas de las preocupaciones que actualmente tenemos en Colombia”. Finalmente, respecto de Unasur, el fracasado armazón sectario que pretende excluir a Estados Unidos de los asuntos del hemisferio, Mockus prometió que él trabajará para “fortalecer” ese organismo. Todo ello confirma que el periodista Carlos Alberto Montaner tiene la razón cuando dice: “Mockus es el candidato de Chávez”.

http://www.hacer.org/latam/?p=3281

Fuente: Debate Nacional (Colombia)

Para Reporteros sin Fronteras (Paris).

Por: Eduardo Mackenzie.

1 de noviembre de 2009

Los periodistas María Isabel Rueda y Mauricio Vargas Linares, editorialistas del diario El Tiempo (Bogotá) acaban de protestar contra lo que consideran "un abuso y un atropello" contra la libertad de prensa cometido por cuatro altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

Su protesta se produjo tras una reunión el 25 de octubre de 2009 en la sede de El Tiempo en la que Augusto Ibáñez, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, pidió a la dirección de ese periódico poner fin a la colaboración de los citados periodistas. Augusto Ibáñez, y tres otros magistrados de la CSJ, pidieron, además, el mismo castigo para los editorialistas José Obdulio Gaviria, ex asesor presidencial, y Fernando Londoño Hoyos, ex Ministro del Interior y Justicia.
En resumen, los magistrados reiteraron la necesidad de cerrar las páginas de El Tiempo a los escritos de José Obdulio Gaviria, Fernando Londoño Hoyos, María Isabel Rueda y Mauricio Vargas. Todos ellos son conocidos columnistas muy apreciados por su independencia y su valor personal.Durante su incursión en El Tiempo, Augusto Ibáñez estuvo acompañado por los magistrados Jaime Arrubla, Vice Presidente de la CSJ, Francisco Ricaurte y Julio Enrique Socha Salamanca.

Esta no es la primera vez que magistrados colombianos atacan a periodistas colombianos.
El agosto 23 de 2009, envié una carta a Reporteros Sin Fronteras para decirle que una serie de abusos se estaban cometiendo en Colombia contra la libertad de prensa. Expliqué que, paradójicamente, no es el gobierno quien persigue a los periodistas sino que esa sucia actividad proviene de círculos enemigos del gobierno y halla respaldo en importantes miembros del poder judicial, conocidos por su oposición al gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Por ejemplo, en agosto de 2009, un grupo de periodistas fue enjuiciado penalmente por José Alfredo Escobar Araujo, miembro del Consejo Superior de la Magistratura. Empero, el Tribunal Superior de Bogotá desestimó los cargos y los periodistas escaparon a fuertes sanciones. Escobar Araujo, sostuvo que los periodistas le habían "violado sus derechos" por haber escrito en varios artículos de 2008 que él era un "magistrado indigno”. Escobar había recibido un regalo de Giorgio Sale, un individuo detenido en Italia en noviembre de 2006 por tráfico de drogas. Giorgio Sale estaba relacionado con Salvatore Mancuso, un ex líder paramilitar encarcelado y extraditado a los Estados Unidos con otros 14 ex jefes 'paras'.

Mauricio Vargas había denunciado los vínculos de varios jueces con oscuros personajes relacionados con Mancuso. También criticó la guerra de guerrillas que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el gobierno de Uribe. Mauricio Vargas, y otros columnistas que criticaron la actitud inescrupulosa de Escobar Araújo, fueron absueltos por el TSB. Sin embargo, esa organización exigió que fuera corregida una frase de los artículos en que se decía que Escobar Araújo influyó en el nombramiento de otros jueces y magistrados. Los periodistas tuvieron que hacerlo.

Rodrigo Pardo García-Peña, otro periodista, editor de la revista Cambio, quien también criticó al magistrado Escobar por el mismo asunto, fue condenado por una juez de Bogotá a pasar unos días en la cárcel y pagar una cuantiosa multa. Ella dijo que Pardo había "ignorado" la orden de un juez en el caso del magistrado Escobar. Ante esa orden de detención, varias asociaciones de periodistas protestaron. "Privar de libertad a un periodista por algo tan insignificante es inadmisible y crea un precedente peligroso en contra de la actividad periodística", dijeron Andiarios, Asomedios y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Pero algo más grave estalló el 30 de junio de 2009 cuando la juez Sandra Castro, de la Fiscalía General, anunció que entablaría una demanda penal contra el editorialista Fernando Londoño Hoyos. Considerando que los escritos de Fernando Londoño Hoyos, director del programa La Hora de la Verdad, de Radio Súper de Bogotá, constituyen a sus ojos una "asociación para delinquir agravada", la magistrada amenaza con entablar una demanda penal contra Fernando Londoño y contra William Calderón, otro periodista de ese programa.

Fernando Londoño ha presentado pruebas de los abusos cometidos por algunos jueces contra militares que han sido injustamente encarcelados tras la presentación de "pruebas" y "testimonios" cuya credibilidad es nula. La Hora de la Verdad se pregunta también sobre el fenómeno opuesto, es decir acerca de la negativa a considerar las pruebas presentadas por algunos demandados y la parsimonia de ciertos jueces al momento de abrir casos en los que hay gente acusada de estar vinculada al aparato político-militar de las FARC. Fernando Londoño también reveló, en junio de 2009, que las numerosas visitas a las oficinas de la Corte Suprema de Justicia por de Giorgio Sale habían sido borradas de los registros electrónicos "en el puro estilo de la mafia con destrucción de pruebas".

Días más tarde, los ataques contra Fernando Londoño se intensificaron. En una entrevista con una televisión colombiana, el presidente Hugo Chávez acusó a Fernando Londoño de haber organizado en 2004 el envío a Venezuela de "200 paramilitares colombianos" para asesinar al jefe de Estado venezolano. Londoño niega en bloque esas acusaciones y dice que los media venezolanos ya investigaron y refutaron la versión de Chávez. Londoño dijo que presentaría una denuncia por difamación contra el presidente de Venezuela.

En Colombia, la ofensiva contra los periodistas ocurre en el marco de una fuerte ola de politización del poder judicial que pretende doblegar al poder ejecutivo, creando situaciones inextricables. Ese desafío al Estado de derecho ya ha suscitado violentos enfrentamientos entre los poderes. La Corte Suprema de Justicia se ha peleado con la Corte Constitucional y con la Procuraduría General de la Nación. Las tensiones son alarmantes entre el poder judicial y el poder legislativo, y entre el poder judicial y el poder ejecutivo.

Las intrigas del magistrado Augusto Ibáñez y los tres otros magistrados contra los periodistas María Isabel Rueda, Mauricio Vargas, José Obdulio Gaviria y Fernando Londoño Hoyos, y las amenazas contra de Fernando Londoño y Rodrigo Pardo, revelan la horrible máscara de un polo autoritario en la justicia colombiana que está actuando contra la libertad de prensa.Es evidente que estamos ante un fenómeno muy extraño en el que hay, de hecho, como una infiltración insidiosa de una influencia extranjera en un sector del aparato de Estado colombiano. ¿Existe una estrategia de conquista, pérfida y discreta, del Estado y de la sociedad colombiana, la cual avanza paso a paso, parcela por parcela, sin hacer ruido?

Ha llegado el momento de que Reporteros sin Fronteras denuncie estos hechos y pida, en particular, al magistrado Augusto Ibáñez poner fin a sus maniobras contra los periodistas que se atreven a investigar y a criticar las graves deficiencias del sistema judicial colombiano.

Nuevo atentado contra la democracia por parte de la CSJ.

Paris, 31 oct 2009

Por: Eduardo Mackenzie

Para María Isabel Rueda, Mauricio Vargas, José Obdulio Gaviria y Fernando Londoño Hoyos


Queridos amigos, permítanme expresar mi solidaridad total frente al nuevo acto liberticida contra ustedes del magistrado Augusto Ibáñez, vergüenza de su profesión y de la corporación que, en mala hora, dirige.

Augusto Ibáñez se desenmascaró definitivamente. La censura y el ostracismo que él pide contra ustedes, eminentes periodistas colombianos, es la culminación de una serie de barbaridades que él y sus amigos están cometiendo. Luego de ver lo que hicieron ayer el y tres otros magistrados en El Tiempo, no debe haber duda entre nosotros, periodistas colombianos: debemos unirnos todos contra esa clique que trata por todos los medios de establecer una dictadura judicial digna del socialismo del siglo XXI.

Como los periodistas somos un obstáculo a esa empresa, Ibáñez pide la eliminación civil de los periodistas libres. Ibáñez quisiera barrer de manera autoritaria los obstáculos que se levantan contra sus proyectos: no contento con violar la Constitución al negarse a escoger el nuevo Fiscal,
hace unas horas Augusto Ibáñez había pedido el desmantelamiento del Consejo Superior de la Judicatura pues éste trata de reparar los daños que él y su gente están haciendo en el terreno judicial.

Ante eso, debemos todos nosotros pedir la renuncia de Augusto Ibáñez y de quienes lo acompañaron en esa absurda maniobra contra la libertad de prensa y de expresión en Colombia.
Ibáñez y su clique son un peligro para la democracia en Colombia.

Grotesca incursión en el Hospital Militar.

Por: Eduardo Mackenzie
22 de agosto de 2009

Todo ocurrió en cuestión de minutos. Son las once de la noche, del 20 de agosto de 2009. En una habitación del Hospital Militar de Bogotá, un hombre de 65 años se dispone a tomar unas pastillas que minutos antes dos enfermeras le han traído. Su esposa vela a su lado. Los otros pacientes del piso duermen. El personal médico trabaja. El silencio es total en el vasto edificio. De repente, el corredor se llena de voces. Una veintena de personas avanza ruidosamente, abre la puerta de la habitación y entra en tropel. Dos mujeres vestidas de negro avanzan, se apoderan de la esposa del enfermo, la tumban violentamente sobre la cama, le colocan los brazos contra la espalda y la inmovilizan. Al mismo tiempo, doce o más hombres vestidos de civil, más dos con delantales blancos y uno con delantal azul, caen sin ningún miramiento sobre el paciente. Este trata de resistir, forcejea, pide ayuda a gritos. Los hombres lo inmovilizan brutalmente, le bajan el pantalón de la pijama, lo pican una y dos veces para inyectarle a la fuerza una substancia y comienzan a amarrarlo con lazos.
El paciente grita, pide ayuda, dice que lo quieren asesinar, maldice a sus agresores. Todo es inútil. Nadie viene a socorrerlo. Sin perder un segundo, los asaltantes terminan de amarrarlo y lo arrastran violentamente hacia la puerta. Los hombres se aferran como pueden a su víctima, transformada ya en una especie de bulto, en cosa inanimada, y la cargan en desorden entre todos. Nadie detiene a la turba. No se sabe cuántos de esos hombres y mujeres van armados. La escena es inaudita. El grupo se lleva a un enfermo contra su voluntad, amarrado, en un acto cobarde, cruel y degradante. Y nadie trata de frenarlos.
Luego de abrirse paso entre algunas enfermeras y pacientes estupefactos quienes, alertados por los gritos, acuden al corredor y asisten a la escena sin reaccionar, el extraño comando llega al ascensor y desaparece.
La persona que acaba de vivir esa atrocidad es el coronel ® Alfonso Plazas Vega. Hasta unos días antes el estaba detenido en la Escuela de Infantería, pues una fiscal, Ángela María Buitrago, había abierto contra él una instrucción contestable y plena de absurdos por los hechos del Palacio de Justicia de 1985. Detenido desde el 16 de julio de 2007, el coronel Plazas había ingresado al Hospital Militar para ser atendido de urgencia. La noticia de que la juez María Stella Jara Gutiérrez había ordenado esta vez trasladarlo por la fuerza a la cárcel de la Picota, donde podría ser asesinado en cualquier momento, lo postró en una angustia terrible que se transformó en depresión nerviosa severa. Tal decisión fue tomada en violación total de las leyes colombianas que exigen, como en todas las democracias, que los militares detenidos sean recluidos en instalaciones militares.
Tirada en un rincón de la habitación durante el forcejeo, la esposa del coronel Plazas se levantó como pudo y buscó el corredor. “Salí enloquecida”, revelará más tarde. “Encontré al personal del hospital, entre enfermeras, médicos y militares, absolutamente petrificados. Parecían maniquís mirándome aterrorizados. Les grité que si mi marido moría ellos también serían culpables. Lloré. Temblaba. Me sentía absolutamente sola, abandonada. Como sentía un fuerte dolor en el pecho me atendieron y me tomaron la tensión. Me colocaron un medicamento debajo de la lengua y me pusieron oxígeno. Finalmente, logré llamar a mi hijo y a mi hermana para que vinieran.”

Lo ocurrido en el Hospital Militar es gravísimo. La forma como llevan la investigación contra Plazas Vega es una aberración, con pruebas falsas contra él y sin que las pruebas presentadas por la defensa sean realmente valoradas. La juez, sin embargo, está obligada por la ley a ser imparcial y a buscar la verdad. ¿Este es el caso? Da la impresión que la juez busca una sola cosa: hundir al inculpado. Esa actitud es ilegal. El juez debe investigar y valorar todo: lo que acusa al acusado y lo que disculpa al acusado. Lo demás es barbarie. La metodología aberrante está siendo aplicada a otros altos militares. Hasta el mismo ministro de Defensa habla de una “guerra jurídica” en curso contra los militares colombianos. Lo ocurrido el jueves pasado es un paso más dentro de una escalada contra el estamento militar. ¿Quién podría abstenerse de pensar que la operación del jueves, en lugar de buscar la verdad, pretende quebrar física y psicológicamente a Plazas Vega y a su familia? Lo ocurrido en el Hospital Militar es una provocación adicional. ¿Qué hay detrás de esa movida de la juez Jara?

La terrible operación de captura y “traslado” a la Picota del coronel Plazas Vega, recuerda los métodos de la URSS de Breznev, con disidentes detenidos y amarrados por policías del KGB y llevados a hospitales especiales para enfermos mentales. Recuerda lo que ocurre hoy en Cuba.

Jamás una arbitrariedad de ese tamaño se había visto en Colombia. En ese acto escabroso no hubo ni una gota de respeto por una persona enferma, recluida en un hospital. Los hospitales y las iglesias son, en los países civilizados, lugares de asilo, que merecen todo el respeto. Sólo los criminales y los terroristas más endurecidos se atreven a violar esos espacios, a secuestrar e incluso a asesinar allí seres humanos, como ha ocurrido en otras ocasiones en Colombia.
En las barbas de todo el mundo, de médicos, enfermeras y vigilantes, un paciente fue sacado violentamente de un hospital. Y en la más grande impunidad. Pues nadie se pregunta si ese acto, aunque haya sido ordenado aparentemente por una juez, es legal o ilegal. Nadie se pregunta (hay que ver el silencio de la prensa) si hubo en ello abuso de poder.

Una operación de esa naturaleza, organizada por especialistas en el golpe de mano, fue protegida por jueces infernales. Uno puede interrogarse si un día serán capaces de hacer lo mismo con un presidente de la República. ¿Era lo que quizás se estaba preparando con la operación Tasmania? Un día, si este tipo de aberraciones no son erradicadas del campo judicial, un juez infernal, con el pretexto de que tiene una orden de un juez ecuatoriano, por ejemplo, puede ir, con una escuadra de matones con patente, a capturar a un héroe, retirado o no, por haber participado en la Operación Fénix.

Hace unos años tal acto, que mezcla intrusión rápida, violencia, neurolépticos y un supuesto aval judicial, era impensable. Hoy no. La crisis de la justicia colombiana es profunda y lo que ocurrió el 20 de agosto muestra que la maquinaria ha enloquecido.

El país tiene que saber los nombres de la gente que instigó, ordenó y realizó esa cobarde operación. Debe conocer los detalles de la misma. El Congreso debería abrir una investigación. Lo que sucede va más allá de los intereses del coronel Alfonso Plazas Vega. Es terriblemente anómalo. Algo muy horrible se está preparando en Colombia. Lo ocurrido es inadmisible y debe ser investigado de manera independiente. La juez María Stella Jara ha ido muy lejos.