martes, 10 de noviembre de 2009

La Corte Suprema de Justicia está actuando por impulsos políticos: Casas Santamaría.


Por Maria Isabel Rueda,
El Tiempo, Bogota
9 de noviembre de 2009

El ex ministro, ex embajador y analista de la W, Alberto Casas Santamaría, con María Isabel Rueda.

¿Qué va a pasar con Venezuela?

Es el momento más grave de las relaciones con Venezuela que hemos vivido en toda la historia, inclusive más que cuando el problema de la fragata, porque no tenemos en concreto, hasta el momento de esta conversación, a un amable componedor. Lo necesitamos urgentemente. Puede ser Brasil o España.

¿Decir que soplan vientos de preguerra con Venezuela es una exageración?

Odio la palabra preguerra. La situación es muy delicada, porque es de conflicto permanente y el costo que hay de por medio puede ser de vidas humanas.

Lo noto muy pesimista en sus análisis sobre el país...

Lamentablemente, es cierto. Soy muy pesimista. Pero no de ahora, sino de hace tiempos. El problema se inicia con la primera reelección del Presidente Uribe, quien, siendo muy buen presidente, cometió a mi juicio la equivocación de considerar que la necesidad de terminar una etapa le exigía una segunda administración. Independientemente de su condición de gobernante, el cambio de las reglas de juego ha deslegitimado el sistema democrático colombiano.

Somos muchos los uribistas no reeleccionistas, ni de la anterior ni de la próxima. Porque en el grupo de furibundos antiuribistas de hoy, sí hay reeleccionistas de primera generación...

Fui uno de los primeros en advertir que me parecía una burrada la reelección. Se lo dije a Roberto Posada en un reportaje por televisión antes de que la Corte se pronunciara sobre la constitucionalidad de la primera reelección y manifesté que ojalá la declarara inexequible. La reelección deterioró brutalmente el prestigio del Congreso, que ya venía en decadencia. Y como si fuera poco, es la razón de un enfrentamiento como nunca lo hemos tenido en la historia, entre el Ejecutivo y el poder Judicial.

O sea que usted atribuye el malestar institucional que estamos viviendo a esa primera reelección y augura que empeorará con la segunda...

No tengo ninguna duda. No por la figura misma de la reelección, sino por la forma como se adoptó por parte del Congreso el cambio constitucional. El que se beneficiaba de esa reelección era el jefe del Ejecutivo. Si la reelección no hubiera sido para beneficiar al Presidente que en ese momento tenía todos los hilos del poder, se puede discutir, porque no le hubiera hecho daño a la política colombiana como lo hizo la reelección consecutiva del Presidente. Y le advierto que siempre he tenido un magnífico concepto y admiración por Álvaro Uribe. Considero, como Felipe López, que Uribe tiene un puesto en la historia, cualquiera que sea el resultado de esta etapa de su vida, porque sí es un Presidente de 24 horas, algo extraordinario.

¿Superior a varios presidentes de Colombia?

No sé si superior, porque esas comparaciones me parecen odiosas. Además, tengo limitaciones naturales para hacer esa comparación. Hice parte de dos gobiernos y si hay algo que a mí me parece indispensable en la vida, tal vez por la influencia de mi padre, es la lealtad. Se la debo al presidente Gaviria, que me dio la oportunidad de estar en el Gobierno cuando ya había abandonado la actividad pública. Y al presidente Pastrana, que no obstante los enfrentamientos que habíamos tenido, me honró como su ministro de Cultura.

¿A cuáles ministros de este gobierno rescataría?

Este gobierno no ha tenido sino tres ministros. Roberto Junguito, Fernando Londoño y Juan Manuel Santos. Los demás han sido viceministros todos, , aunque falta ver cómo le va a Gabriel Silva.

¿Se debe caer el ministro de Agricultura?

Los gobiernos no pueden permitir que se les caigan los ministros. Y por eso, todo el Gobierno y su coalición están evitando que se caiga. El único ministro que se le ha caído al Presidente Uribe ha sido la ministra de Relaciones, Consuelo Araújo. El ministro de Agricultura no resuelve el problema renunciando, porque los ministros se le caen es al Gobierno. Usted comprende que, por sí mismo, el ministro Fernández no significa nada. Pero si se cae, no se le cae a Andrés Felipe Arias, al que desde luego eso le haría daño, sino al Gobierno.

¿El enfrentamiento de la Corte con el Presidente también se lo adjudica a la reelección?

No sólo a la reelección, sino, antes de eso, a la forma como el Presidente, en el llamado 'choque de trenes', tomó partido por la Corte Constitucional, producto de la discusión sobre el ejercicio de la tutela contra sentencias.

Si usted fuera el árbitro en esta aparente situación sin salida, ¿cuál sería su sugerencia?

Soy un defensor de las medidas armónicas en la resolución de los conflictos. De cualquier fórmula que signifique el no enfrentamiento. Cualquiera que ella sea, debe serlo sobre la base de encarrilarnos nuevamente en la legitimidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder Ejecutivo sea poder Ejecutivo, sin cambiar las reglas de juego constitucionales. Que el poder Legislativo recupere el prestigio para que la gente vote por los parlamentarios, y que el poder Judicial recupere la legitimidad que en ese momento está en discusión. ¿Porque por ejemplo, cómo se hace en este momento actividad política, no sólo por los riesgos de seguridad personal, sino en cuanto al comportamiento para el ejercicio de la campaña? No sabemos cómo será el destino final de las investigaciones sobre el uso de los recursos de la campaña. Se cambia la jurisprudencia todo el tiempo. Y además, nadie está exento de que le pongan un 'tumbaperros', de que le metan plata con origen discutible, deliberadamente.

En su respuesta intuyo una crítica a la Corte. ¿Considera que ella ha cometido ligerezas en el manejo de los procesos de la parapolítica y de la corrupción?

Por supuesto. El trabajo de la Corte deja mucho que desear, porque, independientemente de la respetabilidad que tienen los miembros que la componen, la Corte se ha comportado con un criterio puramente político. Cambia su jurisprudencia con la facilidad con la que se cambia de traje. Además, está conversando más con el país a través de los medios de comunicación, que a través de sus providencias.

¿Cree entonces que hacer política en Colombia se ha vuelto una actividad muy riesgosa, ya no sólo por la seguridad personal, sino por la jurídica?

Por supuesto. A la gente la están metiendo a la cárcel con base en testimonios que si bien pueden tener base, desde el punto de vista del derecho penal son muy débiles.

Por ponerle sólo un ejemplo, le menciono el caso del parlamentario Luis Fernando Velasco, preso varios meses por un testimonio de Rocío Arias, y luego dejado en libertad.

Y hay muchos otros parlamentarios que a mi juicio son víctimas de unas circunstancias muy delicadas que ha vivido el país y que están pagando los platos rotos de una sociedad que los condujo a cometer, si los cometieron, esos errores. ¿Cómo hace usted política en Córdoba, en Turbo, en la Guajira, en el Cesar, en el Huila? Es algo realmente dramático. La democracia está muy limitada porque el país no cree sino en el Presidente de la República. Pero no cree en el Gobierno, no cree en el poder Judicial ni en el poder Legislativo. Para salir de este lío, contestando su pregunta, lo primero que tenemos que establecer es si hay o no reelección. Si no la hay, el país podría buscar fórmulas de entendimiento para encarrilarnos por la vía de la legitimidad. Una fórmula como la que en su momento propuso Álvaro Gómez, un acuerdo sobre lo fundamental.

Es justo reconocer, sin embargo, que la Corte Suprema ha demostrado una decisión que era definitiva en el proceso de juzgar el fenómeno de la parapolítica...

Yo no limito mi crítica a la actividad de la Corte a su actuación con la parapolítica exclusivamente. Aunque la Corte diga que no está peleando con el Gobierno, ha asumido un rostro político para tomar decisiones judiciales.

¿Y cuando pasó eso tan catastrófico, que deslegitima gravemente el papel actual de la Corte Suprema?

Desde que el Presidente tomó partido por la Corte Constitucional.

Agravado por la reelección...

Eso es posterior. El problema de la reelección le llegó a la Corte a través de la Yidispolítica. Y la Corte resolvió convertirse en la oposición del Presidente Uribe. La Corte Suprema de Justicia reemplazó a los partidos de oposición, en medio de su escasez.

Es una afirmación muy grave. Esta diciendo que la Corte está actuando por motivaciones políticas, que salen del ámbito constitucional en el que se debe mover, que es el jurídico...

Y sobre todo, la gente la está viendo así. Aún quienes defienden la actuación de la Corte, y entre ellos tengo colegas a quienes respeto mucho, están reconociendo, aunque no quieran hacerlo, que actúa políticamente cuando sostienen que si no fuera por la Corte, el Presidente Uribe estaría haciendo y deshaciendo más de lo que hace.

O sea que les gusta que la Corte asuma ese papel político que está jugando, aunque no le corresponda, porque es para golpear al Presidente. ¿En ese jueguito hemos caído con la elección de Fiscal?

No tiene ninguna duda. Lo que sí acepto es que, votando, puede suceder que ninguno de los candidatos tenga la mayoría. No han votado todavía. Pero si eso sucede, acepto ese resultado y habría nuevos elementos de juicio para que el Presidente entrara a revisar toda la terna. Pero simplemente decir que es inviable, es inaceptable.

Vamos al escenario sin Uribe. Como analista de la W, usted es una persona tranquila e imparcial con los protagonistas de la política, pero desde luego que debe tener algún favorito...

Me gustan todos los candidatos, porque no tengo ninguna objeción para votar por ninguno de ellos, con excepción de Petro, a quien respeto, admiro, y me parece el más fuerte de ellos en el escenario de la reelección.

¿No votaría por Petro?

No. Pero sí votaría por cualquiera de los demás, si yo viera que tiene un respaldo lo suficientemente grande como para que su gobernabilidad sea exitosa.

Hablemos un poco más concretamente. ¿Le ve posibilidades presidenciales a Noemí Sanin?

No.

¿A Juan Manuel Santos?

Sí.

¿A Sergio Fajardo?

Sí.

¿A Antanas Mokus?

No.

¿A Arias?

Mmmm...No.

¿A Rafael Pardo?

No.

¿A Germán Vargas?

Dependiendo de la cantidad de candidatos que salgan a la primera vuelta. Si es todo el mundo abierto, no. Si es posteriormente a un acuerdo de Germán Vargas con el liberalismo, sí.

Usted dijo hace unos meses en la W que este momento que está viviendo el país es el más grave desde el 9 de abril. ¿Se sostiene en su afirmación?

Dije eso en el contexto del fenómeno paramilitar. Y creo que me quedé corto. A mi juicio, el paramilitarismo es el principio de la deslegitimación del sistema democrático colombiano que siempre, frente a las crisis, por muy graves que ellas hubieran sido, mantenía su legitimidad. Ahora creo que la ha perdido.

¿Qué puede esperar Colombia de un tercer gobierno de Álvaro Uribe?

Polarización total.

La Corte y el golpe de Estado.


Por Alfredo Rangel
Revista Semana, Bogota
7 de noviembre de 2009

Aceptar la actitud de la Corte y retirar la terna equivaldría a tolerar la arbitrariedad y colocaría al Ejecutivo en posición de inferioridad

La Corte Suprema de Justicia está incumpliendo de manera abierta y flagrante sus deberes constitucionales al no elegir al Fiscal General de la Nación de la terna que le envió el Presidente de la República. Según la Constitución está obligada a hacerlo, pero no lo ha hecho y no ha justificado formal y legalmente su omisión. Alguien podría demandarla por prevaricato, si la atemorizada e impotente comisión de acusaciones de la Cámara no se hubiera autodisuelto por estos días. Hoy a la Corte no hay quien la ronde. Síntomas estos que se suman a muchos otros graves y frecuentes, y que demuestran la urgencia de una reforma a la estructura institucional de la justicia.

En efecto, de manera inaudita y sin antecedentes esa Corte está debilitando la institucionalidad del país haciendo un alarde de soberbia y absoluta arbitrariedad frente al primer magistrado de la Nación, el Presidente de la República. Porque no otra cosa es sacar de la manga unas nuevas condiciones para elegir al Fiscal, requisitos que no tienen ninguna existencia ni sustento legal. Pero, peor aún es que esa Corte no haya hecho público un pronunciamiento de fondo con sus argumentos para declarar "no viable" la terna presentada por el Presidente. Porque, obviamente, para hacerlo a derechas tendría que justificar por qué esa terna no cumple con los requisitos legales que, entre otras cosas, son los mismos que la Ley exige para ser elegido magistrado de la Corte Suprema. Y todos los miembros de la terna los cumplen, así como con seguridad los cumplieron los actuales magistrados de esa Corte, sin que a nadie se le hubiera ocurrido inventar en su momento requisitos adicionales a los legales ya existentes.

La negativa de la Corte a plasmar en un documento público sus razones hace pensar que hay una mala conciencia que se lo impide: su actitud es insostenible e indefensable desde el punto de vista estrictamente jurídico, lo que, tratándose de uno de los más altos tribunales de justicia de nuestro país, merma su credibilidad y socava su legitimidad, la que al no tener un origen popular ni democrático está basada en la confianza del público en su respeto y estricto apego a las leyes -y nada más que a las leyes- establecidas por órganos del Estado cuya conformación sí tiene origen en la soberanía popular. Y son esas leyes las que en este caso no le confieren a la Corte ningún margen de posibilidad para introducir a capricho requisitos adicionales a los que establece la Constitución. Y no se olvide que un principio básico del derecho es que los servidores públicos sólo pueden hacer lo que las leyes expresamente les autorizan. Y nadie está por encima de la Ley. Ni siquiera las altas Cortes, que son las primeras obligadas a cumplirlas.

Esa misma Constitución ha querido que siendo el Presidente el responsable del orden público y de la política criminal del Estado, él trabaje en estrecha colaboración y coordinación con el Fiscal General. Por eso la Carta le ha dado al Presidente esa capacidad nominadora que lleva implícita la responsabilidad política sobre el nombramiento del Fiscal y sobre el desempeño de la Fiscalía. Y es precisamente esta responsabilidad la que llevó al constituyente a no otorgarle a la Corte ningún poder de veto -o de declaración de "inviabilidad", que para el caso es lo mismo-, sobre la terna presidencial. El que carga con la responsabilidad debe tener la potestad. Por eso la Constitución no le dio a la Corte ninguna discrecionalidad en la conformación de la terna y debe limitarse a escoger al Fiscal entre los candidatos presentados por el Presidente, siempre y cuando todos los ternados cumplan con los requisitos legales. Como es el caso que nos ocupa.

No es, pues, un acto de vanidad ni de orgullo personal del Presidente negarse a retirar su terna e insistir en que de ella debe salir el nuevo Fiscal General. Aquí hay algo de mucho fondo. Es la vigencia plena de la Ley y el respeto entre los poderes públicos. Aceptar la actitud de la Corte y retirar la terna equivaldría a tolerar la arbitrariedad y colocaría al Ejecutivo en una inaceptable e inconstitucional posición de inferioridad y subordinación. Pésimo e inconcebible antecedente que socavaría la estabilidad institucional, pues la piedra angular de una democracia es la sujeción a la Ley y el equilibrio entre los poderes públicos. Estaríamos entonces ante la presencia de un golpe de Estado técnico, que se da cuando las autoridades subsisten, pero hay un desacato de un grupo poderoso que menoscaba la autoridad legal para forzar la adopción de una decisión que corresponde a sus intereses. De esta gravedad es la rebelión de la Corte contra la Ley.

La Corte Suprema impide logros de Justicia y Paz: Frank Pearl.



El Colombiano, MedellinJustify Full
Colprensa
9 de noviembre de 2009

"Algunos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia han dilatado o impedido que se haya llegado a los logros de una justicia pronta y eficaz", dijo el alto comisionado para la Paz, Frank Pearl, frente a los cuestionamientos contra la ley de Justicia y Paz. El Alto Comisionado para la Paz expresó que las recientes críticas no tienen en cuenta que la ley de Justicia y Paz fue una iniciativa discutida, debatida y aprobada por el Congreso, en el marco de un proceso de negociación de paz con las autodefensas. Por esto, aseguró Pearl, "el Gobierno no admite, no acepta ningún pronunciamiento que trate de deslegitimar el marco jurídico bajo el cual se adelantó ese proceso de paz".


Con respecto a los cuestionamientos que en los últimos días ha hecho la Corte Suprema referentes a la incapacidad de la Fiscalía para que los procesos sean ágiles y efectivos a la hora de llevar a cabo condenas, Pearl resaltó la labor de la Fiscalía y exaltó los resultados obtenidos en materia de versiones libres, hechos nuevos conocidos, hechos confesados y la asistencia de miles de víctimas a las versiones, calificó a este como el "proceso de justicia trasnacional más ambicioso del mundo". Pearl hizo un llamado a la Rama Judicial y a la Fiscalía para que examinen las reglas de juego bajo las cuales se está aplicando la ley de Justicia y Paz, para lograr que su implementación sea más rápida y efectiva.

Christian Salazar pide reformas "estructurales"

El pasado viernes, el representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, dijo que Justicia y Paz no ha logrado sus metas. Se debe "pensar en profundas reformas estructurales y procedimentales de la ley, así como en combinarla con instrumentos de la justicia transnacional o en una ley de víctimas que responda a los estándares internacionales" añadió Salazar en su intervención ante los jueces y magistrados.

domingo, 8 de noviembre de 2009

“La Corte Suprema no cederá a caprichos”: Ibáñez

El Pais, Cali
Colprensa
Noviembre 6 de 2009

El Presidente del alto tribunal llamó a los jueces a no dejar que minen su independencia jurídica.

“En tiempos difíciles, lo último que el juez puede perder es el ánimo. Por el contrario, debe garantizar el acceso a la justicia y no ceder a los caprichos de aquellos que pretendan minar la independencia judicial socavando nuestro principal patrimonio: la confianza de todos los ciudadanos en sus jueces”. Así lo expresó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Augusto Ibáñez, en una clara alusión a los cuestionamientos hechos el fin de semana pasado por el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien de manera pública hizo fuertes apreciaciones frente a la Corte Suprema relacionadas con la negativa por parte del alto tribunal para elegir al nuevo Fiscal General de la Nación de la terna presentada por el Gobierno Nacional. El magistrado Ibáñez le solicitó a todos los jueces del país que se mantengan recios y firmes ante posibles ataques de los que pueden ser víctimas. Francisco Ricaurte, ex presidente de la Corte Suprema dijo que si no hay “un juez en cada municipio no se puede decir que la seguridad democrática haya sido un éxito" y pidió crear de nuevo el ministerio de Justicia.

Estos pronunciamientos se sumaron a los que momentos antes había hecho el embajador de los Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, quien le expresó a todos los funcionarios de la justicia en el país “que no están solitos”. En tal sentido, el funcionario diplomático resaltó el papel que viene cumpliendo la justicia nacional en los últimos años y recordó con desazón los hechos de muerte que se presentaron en contra de la justicia hace 24 años, durante el Holocausto del Palacio de Justicia. Las afirmaciones hechas por el magistrado Augusto Ibáñez y embajador Brownfield se dieron durante el 12 Encuentro de la Justicia Ordinaria, que se adelanta hasta mañana en Paipa, Boyacá.

PRESIDENTE DE LA CORTE ATACA AL GOBIERNO A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.

AUGUSTO IBAÑEZ ATACA LA PRENSA Y SE ESCUDA EN LA LUCHA DE LA VERDAD.

lunes, 2 de noviembre de 2009

Uribe reprocha a la Corte por rechazar terna de Fiscal.

elespectador.com
31 de cotubre - politica
“Mejor que la hipocresía histórica de introducirle politiquería al valor de la Justicia, es traer el debate de cara al pueblo colombiano”, aseguró el Presidente.
El Jefe de Estado aseguró que el Gobierno ha sido respetuoso de la Constitución y por esta razón la terna presentada a la Corte Suprema de Justicia para elegir Fiscal General de la Nación cumple con los requisitos exigidos por la Carta Magna. Dijo que para ser Fiscal constitucionalmente no se debe ser especialista en Derecho Penal, pero sí cumplir con altos requisitos profesionales y personales que cumplen a cabalidad los candidatos presentados.
El presidente Álvaro Uribe Vélez aseguró este sábado que no se puede seguir diciendo que la terna presentada por el Gobierno, para que sea elegido el nuevo Fiscal General de la Nación, es inviable. “Lo que no puede entender el Gobierno es que se siga diciendo que la terna es inviable. Nosotros hemos examinado la terna desde el punto de vista de la competencia jurídica, desde el punto de vista de la legitimidad del Gobierno y desde el punto de vista de la idoneidad de los ternados”, aseguró.

Durante el Consejo Comunal de Gobierno que se llevó a cabo en Ibagué (Tolima), el Jefe de Estado indicó que para seleccionar a los integrantes de esta terna el Ejecutivo se ciñó con respeto a los requisitos exigidos por la Constitución, la cual no puede ser violada por capricho o juicios de valor. “Así como el Gobierno no puede eludir la Constitución, violar la Constitución por defecto o por exceso, tampoco pueden los otros organismos del Estado. El Presidente de la República no puede poner menos requisitos de los que exige la Constitución, pero tampoco al Presidente de la República se le pueden exigir para sus decisiones más requisitos de los que exige la Constitución”, manifestó el Mandatario.

Dijo que la terna fue presentada luego de revisar cada una de sus calidades profesionales y personales de los candidatos, de acuerdo con lo exigido constitucionalmente para este fin. Indicó que si el Gobierno hubiera presentado una terna que no cumplía con los requisitos constitucionales, lo procedente era atender las objeciones, proceder a retirar la terna y presentar una nueva.

Adicionalmente, expresó su extrañeza porque el Gobierno ha mantenido durante los meses anteriores un diálogo permanente con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para zanjar las diferencias frente a este tema. Aseguró que decidió llevar este tema a todos los colombianos y no seguirlo manejando de una forma que puede crear mantos de dudas sobre la actuación del Gobierno.

“Yo no lo sigo manejando en encerronas entre cuatro paredes en Bogotá, de espaldas al pueblo, para que finalmente los cálculos le presenten al país la protección ficticia de la Constitución a través de sepulcros blanqueados. Mejor que la hipocresía histórica de introducirle politiquería al valor de la Justicia, es traer el debate de cara al pueblo colombiano”, explicó Uribe Vélez.

Frente a las versiones en el sentido de si debe o no ser un penalista el que esté al frente de la Fiscalía, el Mandatario aseguró que ese es un juicio de valor, y no un requisito exigido constitucionalmente. “Y ese tema es un tema bastante discutible. ¿Por qué? Porque la competencia académica y profesional para ser Fiscal General de la Nación puede darse o puede no darse en un penalista. Puede ser mejor en un penalista que en un abogado que no tenga la especialidad del Derecho Penal o puede ser mejor en un abogado que no tenga esa especialidad del Derecho Penal. Lo cierto es que la Constitución y la Ley no exigen que sea penalista.

“Y cuando se trata de respetar a las instituciones, quiero recordarles a los colombianos que el respeto a las instituciones no es motivo de juicios caprichosos de valor, es motivo de análisis objetivo. La primera institución que hay que respetar es la Constitución”, expresó el Presidente.


Para Reporteros sin Fronteras (Paris).


Por: Eduardo Mackenzie.
1 de noviembre de 2009

Los periodistas María Isabel Rueda y Mauricio Vargas Linares, editorialistas del diario El Tiempo (Bogotá) acaban de protestar contra lo que consideran "un abuso y un atropello" contra la libertad de prensa cometido por cuatro altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

Su protesta se produjo tras una reunión el 25 de octubre de 2009 en la sede de El Tiempo en la que Augusto Ibáñez, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, pidió a la dirección de ese periódico poner fin a la colaboración de los citados periodistas. Augusto Ibáñez, y tres otros magistrados de la CSJ, pidieron, además, el mismo castigo para los editorialistas José Obdulio Gaviria, ex asesor presidencial, y Fernando Londoño Hoyos, ex Ministro del Interior y Justicia.
En resumen, los magistrados reiteraron la necesidad de cerrar las páginas de El Tiempo a los escritos de José Obdulio Gaviria, Fernando Londoño Hoyos, María Isabel Rueda y Mauricio Vargas. Todos ellos son conocidos columnistas muy apreciados por su independencia y su valor personal.Durante su incursión en El Tiempo, Augusto Ibáñez estuvo acompañado por los magistrados Jaime Arrubla, Vice Presidente de la CSJ, Francisco Ricaurte y Julio Enrique Socha Salamanca.



Esta no es la primera vez que magistrados colombianos atacan a periodistas colombianos.
El agosto 23 de 2009, envié una carta a Reporteros Sin Fronteras para decirle que una serie de abusos se estaban cometiendo en Colombia contra la libertad de prensa. Expliqué que, paradójicamente, no es el gobierno quien persigue a los periodistas sino que esa sucia actividad proviene de círculos enemigos del gobierno y halla respaldo en importantes miembros del poder judicial, conocidos por su oposición al gobierno del presidente Álvaro Uribe.



Por ejemplo, en agosto de 2009, un grupo de periodistas fue enjuiciado penalmente por José Alfredo Escobar Araujo, miembro del Consejo Superior de la Magistratura. Empero, el Tribunal Superior de Bogotá desestimó los cargos y los periodistas escaparon a fuertes sanciones. Escobar Araujo, sostuvo que los periodistas le habían "violado sus derechos" por haber escrito en varios artículos de 2008 que él era un "magistrado indigno”. Escobar había recibido un regalo de Giorgio Sale, un individuo detenido en Italia en noviembre de 2006 por tráfico de drogas. Giorgio Sale estaba relacionado con Salvatore Mancuso, un ex líder paramilitar encarcelado y extraditado a los Estados Unidos con otros 14 ex jefes 'paras'.



Mauricio Vargas había denunciado los vínculos de varios jueces con oscuros personajes relacionados con Mancuso. También criticó la guerra de guerrillas que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el gobierno de Uribe. Mauricio Vargas, y otros columnistas que criticaron la actitud inescrupulosa de Escobar Araújo, fueron absueltos por el TSB. Sin embargo, esa organización exigió que fuera corregida una frase de los artículos en que se decía que Escobar Araújo influyó en el nombramiento de otros jueces y magistrados. Los periodistas tuvieron que hacerlo.



Rodrigo Pardo García-Peña, otro periodista, editor de la revista Cambio, quien también criticó al magistrado Escobar por el mismo asunto, fue condenado por una juez de Bogotá a pasar unos días en la cárcel y pagar una cuantiosa multa. Ella dijo que Pardo había "ignorado" la orden de un juez en el caso del magistrado Escobar. Ante esa orden de detención, varias asociaciones de periodistas protestaron. "Privar de libertad a un periodista por algo tan insignificante es inadmisible y crea un precedente peligroso en contra de la actividad periodística", dijeron Andiarios, Asomedios y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).



Pero algo más grave estalló el 30 de junio de 2009 cuando la juez Sandra Castro, de la Fiscalía General, anunció que entablaría una demanda penal contra el editorialista Fernando Londoño Hoyos. Considerando que los escritos de Fernando Londoño Hoyos, director del programa La Hora de la Verdad, de Radio Súper de Bogotá, constituyen a sus ojos una "asociación para delinquir agravada", la magistrada amenaza con entablar una demanda penal contra Fernando Londoño y contra William Calderón, otro periodista de ese programa.



Fernando Londoño ha presentado pruebas de los abusos cometidos por algunos jueces contra militares que han sido injustamente encarcelados tras la presentación de "pruebas" y "testimonios" cuya credibilidad es nula. La Hora de la Verdad se pregunta también sobre el fenómeno opuesto, es decir acerca de la negativa a considerar las pruebas presentadas por algunos demandados y la parsimonia de ciertos jueces al momento de abrir casos en los que hay gente acusada de estar vinculada al aparato político-militar de las FARC. Fernando Londoño también reveló, en junio de 2009, que las numerosas visitas a las oficinas de la Corte Suprema de Justicia por de Giorgio Sale habían sido borradas de los registros electrónicos "en el puro estilo de la mafia con destrucción de pruebas".



Días más tarde, los ataques contra Fernando Londoño se intensificaron. En una entrevista con una televisión colombiana, el presidente Hugo Chávez acusó a Fernando Londoño de haber organizado en 2004 el envío a Venezuela de "200 paramilitares colombianos" para asesinar al jefe de Estado venezolano. Londoño niega en bloque esas acusaciones y dice que los media venezolanos ya investigaron y refutaron la versión de Chávez. Londoño dijo que presentaría una denuncia por difamación contra el presidente de Venezuela.



En Colombia, la ofensiva contra los periodistas ocurre en el marco de una fuerte ola de politización del poder judicial que pretende doblegar al poder ejecutivo, creando situaciones inextricables. Ese desafío al Estado de derecho ya ha suscitado violentos enfrentamientos entre los poderes. La Corte Suprema de Justicia se ha peleado con la Corte Constitucional y con la Procuraduría General de la Nación. Las tensiones son alarmantes entre el poder judicial y el poder legislativo, y entre el poder judicial y el poder ejecutivo.



Las intrigas del magistrado Augusto Ibáñez y los tres otros magistrados contra los periodistas María Isabel Rueda, Mauricio Vargas, José Obdulio Gaviria y Fernando Londoño Hoyos, y las amenazas contra de Fernando Londoño y Rodrigo Pardo, revelan la horrible máscara de un polo autoritario en la justicia colombiana que está actuando contra la libertad de prensa.Es evidente que estamos ante un fenómeno muy extraño en el que hay, de hecho, como una infiltración insidiosa de una influencia extranjera en un sector del aparato de Estado colombiano. ¿Existe una estrategia de conquista, pérfida y discreta, del Estado y de la sociedad colombiana, la cual avanza paso a paso, parcela por parcela, sin hacer ruido?



Ha llegado el momento de que Reporteros sin Fronteras denuncie estos hechos y pida, en particular, al magistrado Augusto Ibáñez poner fin a sus maniobras contra los periodistas que se atreven a investigar y a criticar las graves deficiencias del sistema judicial colombiano.

NUNCA LA POLITICA Y LA FUNCION JUDICIAL DEBEN IMBRICARSE.


Por: Francisco Rubio*



Bien conocidas son las admoniciones del catedrático español Rubio Llorente: la politización de la justicia o la judicialización de la política son dos situaciones patológicas de las que un sistema democrático asentado debe huir como de la peste:¨Los jueces, dijo, son titulares del poder del Estado de la misma manera que lo son, por ejemplo, los ministros o los diputados y, hasta un poco más, aunque sea más pequeño el ámbito de su poder.


Un poder también en cierto modo paradógico. El poder judicial es, a diferencia del poder político, poder pasivo. No puede tomar iniciativas, sino sólo dar respuestas, y quienes lo ejercen no pueden utilizarlo para imponer su voluntad o hacer valer sus preferencias, por muy convencidos que estén desu justicia o su razón.


Por eso es también un poder que exige en sus titulares un cierto ascetismo: por ejemplo, el de no hablar más que atrvés de sus decisiones, aunque sea para defenderse de acusaciones injustas. La protección que da al juez el delito de desacato deja de tener justificación si los jueces, como los ministros o los directores generales, pueden entrar en polémicas públicas.


Y sobre todo, claro está, los jueces tienen la obligación de mantener, en la realidad y en la apariencia, su condición de órganos imparciales, lo que significa, entre otras cosas, no meterse en política, ni hacerla poniendo entre paréntesis por algún tiempo su condición para volver después a ella.¨


*Los jueces y la política, El País, Madrid, 26 de enero de 1995.