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viernes, 12 de agosto de 2011

SOBRE MIS PRINCIPIOS POLÍTICOS.




Basado y modificado del texto Dios y la democracia liberal de Carlos Montaner.

Evolucionismo o creacionismo? Azar o diseño inteligente? Esa es la pregunta que vuelve a dividir a la intelligentsia. Los neodarwinianos opinan que no es posible observar las huellas de Dios en la evolución de los seres vivos. No hay pruebas científicas de su mano divina. La evolución –postulan- es un proceso biológico amoral. Los cambio suceden sin que los guie un criterio ético. Los creacionista, en cambio, aseguran que no es posible explicarse la inmensa complejidad de la vida sin la intervención de un ser superior que así lo decidiera. Les parece, además, que los seres humanos tienen un profundo sentido moral que solo puede explicarse por la existencia de Dios.

En principio, parece un inofensivo debate intelectual en el que se trenzan y confunden la ciencia y la teología, pero no es cierto. No se trata de una disparidad académica que se dirime inocentemente en la aulas universitarias. La controversia afecta a la raíz misma de la civilización occidental y a largo plazo puede tener unas tremendas consecuencias en el plano político.

Todo el armazón filosófico y jurídico sobre el que descansa la democracia liberal, se articula en torno a la existencia de un ser superior del que emanan ”los derechos naturales” que protegen a los individuos frente a la acción del Estado o frente a la voluntad de otras personas.

Si desaparece la premisa de la existencia de Dios, la hipótesis de la existencia de derechos naturales queda automáticamente eliminada y se le abre la puerta a cualquier género de atropellos.

Se le atribuye al judío Zenón, feo y patizambo, triste y brillante, fundador del estoicismo en el siglo IV a.c., la primera formulación de la teoría de los derechos naturales. En la Grecia de su tiempo, -Zenón impartía sus charlas en Atenas- las personas eran sujetos de derecho por dos vías: la fratria o tribu a la que se pertenecía, o la ciudad en la que vivía. La ”sangre” y el “suelo” eran las bases que determinaban los derechos que se aplicaban a las personas, normas que en gran medida siguen vigentes en nuestros días. Pero Zenón y sus seguidores plantearon algo totalmente novedoso y revolucionario: los seres humanos, por su carácter único, poseían unos derechos que no provenían de la etnia o de la ciudad, sino de los Dioses. Esos derechos eran anteriores a la existencia de la tribu y del Estado, así que no podían ser suprimidos por la fratria ni por las autoridades políticas de la ciudad, puesto que no habían ido otorgados por ellas.

El planteamiento de los Estoicos daba pie a una conclusión formidable: la igualdad esencial entre las personas y la diferencia cualitativa que las separaba de las demás criaturas. Las personas estaban dotadas de la capacidad de razonar. Poseían de manera innata la facultad de obrar con justicia. Podían distinguir la bondad de la maldad, como si una fuerza sobrenatural les hubiera inclinado la conciencia en la dirección del juicio ético. No era verdad, como defendía Aristóteles, que hubiera, “esclavos por naturaleza”. No era cierta la supuesta inferioridad de las mujeres o de los extranjeros, entonces llamados “barbaros”. Por eso cuando el cristianismo, siglos más tarde, asumió el legado filosófico de los estoicos, les abrió los brazos a todas las razas, nacionalidades, clases sociales y a los dos sexos. “Católico” precisamente quiere decir universal.

A fines del siglo XVII el británico John Locke (entre otros), retoma en sus escritos el argumento de los derechos naturales y echa las bases de la democracia liberal: ni el Rey ni el parlamento pueden legislar contra la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad. De Locke surge el Bill of Rights de los ingleses y los límites de la autoridad real. Con él se consagran los principios con los que cien años más tarde se funda Estados Unidos y los franceses redactan la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
El silogismo es impecable: sin la creencia en Dios, no eran concebibles la existencia de los derechos naturales; sin los derechos naturales no se sostiene la idea de la democracia liberal.
Así de simple: si no hay derechos naturales, puede ser aceptable esclavizar a los cautivos, discriminar a las mujeres y execrar a los extranjeros. Basta con que lo decida una fuente legítima de poder, como la mayoría aritmética, por ejemplo, o un grupo de sabios insignes o petulantes.

El marxismo –otro ejemplo-, que negaba la existencia de derechos naturales, se sentía autorizado, en nombre de la clase obrera, a establecer la dictadura del proletariado, privar de sus bienes a millones de personas y fusilar y encarcelar a otras tantas por ser despreciables “enemigos de clase”. El nazismo, que tampoco creía en los derechos naturales, extermino a seis millones de judíos y a un millon de gitanos y a otras minorías porque no había ningún impedimento moral o filosófico que lo frenara.

Lo que resulta indiscutible es que si en occidente, existen la libertad y la tolerancia, es porque hemos colocado unos diques capaces de frenar la barbarie: los derechos naturales. Dinamitarlos es precipitarnos en el abismo.

miércoles, 9 de junio de 2010

En la campaña Mockus, ¿no todo vale?






A la derecha, el Coordinador de Zonas de Atención Integral en Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bogotá, el General Luis Alberto Gómez Heredia, quien participó en la adhesión de policías retirados a la campaña del Partido Verde.

Por Jaime Restrepo.
7 de junio de 2010


Es curioso: al ex director de la UIAF Mario Aranguren lo tienen en la cárcel porque presuntamente entregó información privilegiada de algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Lo de Aranguren lo han incluido en el escándalo de “las chuzadas”, por el cual los mockusianos se rasgan las vestiduras y lo señalan como elemento diferenciador de la decencia que dicen defender.

Sin embargo, hace poco menos de tres años, un alto oficial de la Policía Nacional salió de la institución, después del escándalo por la filtración de informes de inteligencia que terminaron en manos de Gustavo Petro, documentos reservados que contenían información obtenida por la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIPOL) contra dos oficiales del Ejército que realizaban labores de inteligencia en Bogotá y Cundinamarca.

Después de su retiro, ese alto oficial, el General Luis Alberto Gómez Heredia, se vinculó activamente con la administración de Samuel Moreno Rojas y entró a coordinar las Zonas de Atención Integral en Seguridad y Convivencia Ciudadana, incluido el proyecto 402, cuyos resultados están por verse.
A la derecha, el Coordinador de Zonas de Atención Integral en Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bogotá, el General Luis Alberto Gómez Heredia, quien participó en la adhesión de policías retirados a la campaña del Partido Verde.

Pero ¡Oh sorpresa! El mismo personaje que salió de la Policía por el escándalo de las “chuzadas” a favor de la oposición, y que trabaja en la Alcaldía Mayor de Bogotá, ahora participa abiertamente en política y en primera fila, asiste al evento de adhesión de un grupo de policías retirados a la campaña de Mockus.



En el círculo, el sonriente General Gómez Heredia en la adhesión a la campaña de Mockus.

Entonces surgen varias preguntas:

* ¿Qué hacía un funcionario de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el General Gómez Heredia, en el acto político de adhesión de los policías retirados a la campaña de Antanas Mockus?
* ¿Son válidas las chuzadas cuando sirven a la oposición?
* ¿Acaso sí vale que los funcionarios participen en política cuando se trata de alianzas con la campaña verde?
* ¿Será que Mockus y su partido Verde están metiendo al Polo por la puerta de atrás?




En el mismo acto de adhesión a los verdes, Gómez Heredia mira a la cámara.

Menos mal que algunos todavía tienen el cinismo de afirmar que en el partido Verde no están dispuestos a sacrificar la ética y la legalidad con el fin de alcanzar los objetivos.

Tomado de http://www.atrabilioso.blogspot.com

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jueves, 27 de mayo de 2010

EL ATAJO TRIBUTARIO DE MOCKUS.


Por: Jaime Restrepo.

Cuando un gobernante anuncia que aumentará los impuestos, está enviando varios mensajes sobre su gestión.

El primero, parece de Perogrullo, es que los recaudos no alcanzan para cubrir las necesidades del Estado. Sin embargo, el asunto no es tan simple. En Colombia se viene insistiendo en la amenaza que implica la corrupción para las finanzas públicas y su nefasta influencia tanto en el deterioro de la redistribución, como en el rezago del país en términos de infraestructura, inversión social, educación y salud. Básicamente se afirma, con mucha razón, que el Estado podría tener un mejor desempeño, de no ser por la devoradora corrupción que nos agobia.

Todo lo anterior significa que los recursos sí existen, pero se desvían y agotan dejando sin financiación las labores mínimas del Estado. También implica que el Estado tendría más recursos disponibles si se combatiera la evasión (que es una forma atroz de corrupción) y se trabajara con ahínco en la recuperación de las deudas a favor del Estado. Ante esta disyuntiva, el gobernante tiene dos alternativas: combate la corrupción o acude a la decisión facilista de incrementar los impuestos.

Cuando Mockus habla de subir los impuestos mediante una radical reforma tributaria, está aceptando que sus proclamas sobre el combate a la corrupción y la legalidad son simples arengas electorales que carecen del peso suficiente para enfrentar ese monstruo, pues lo que pretende es conseguir más recursos para emprender su “programa de gobierno”, sin tocar la tajada que se roba la corrupción.

El candidato verde asegura que hay que incrementar el impuesto de renta y el predial, porque según él, medio país los tiene rezagados; reducir la cantidad de tarifas de IVA y elevarlas y suprimir exenciones. Luego, Mockus anuncia que hay que “conseguir más recursos para invertir al menos la mitad del gasto público en corregir desigualdades” y puntualiza: “La carga tributaria está entre el 16 y el 18 % del PIB […] Yo creo que hay que elevarla, por lo menos, al 23 %”.

La propuesta de Mockus muestra un gran desprecio por los colombianos que efectivamente tributan, al tiempo que evidencia su intención de no tocar los elementos estructurales que permiten la difícil situación tributaria en Colombia.

Antes de subir impuestos, la primera decisión de un gobernante responsable, difícil porque requiere voluntad política, estrategias y equipos sólidos; es que el Estado emprenda la tarea de combatir la evasión de impuestos, al tiempo que asume la misión de recuperar la cartera morosa en materia tributaria.

Ciertamente lo anterior es titánico, pero es más honrado que meter la mano en los bolsillos de los contribuyentes cumplidos, que muchas veces tienen que hacer grandes sacrificios para pagar los impuestos. Según los cálculos del Banco de la República, la tasa de evasión tributaria de personas naturales se ubica alrededor del 35 % y en el caso del IVA la evasión es del 32 %.

Sobre el particular, Sergio Clavijo escribió un trabajo titulado Tributación, equidad y eficiencia en Colombia, en el que sostiene que “solo a través de una mayor transparencia y equidad tributaria será posible equilibrar la frágil estructura de recaudos que se tiene hoy día”.

En el documento, Clavijo asegura que “solo cerca de 700 mil personas declararon renta, lo que significa que menos del 5 % de los trabajadores enfrenta una revisión potencial de sus cuentas tributarias con el Estado". Además, agrega Clavijo, “los asalariados del sector formal enfrentan un sistema ineludible y, además, lleno de inequidades”.

Otro asunto al que un gobernante responsable y escrupuloso le daría prioridad, mucho antes de aumentar los impuestos, es el tema de la nefasta estructura tributaria para las pensiones, pues es una fuente de evasión y corrupción. En 2004, el gobierno Uribe propuso una tabla de gravámenes que solo afectaba las pensiones que superaran los cinco salarios mínimos, quedando excluidos del gravamen el 80% de los pensionados de Colombia. Sobre el particular, los cálculos indicaban que de los 800 mil pensionados existentes, menos de 160 mil se verían afectados con la medida y de estos, tan sólo mil (¡sí, sólo mil, o el 1 %!) podría verse afectado por tasas de gravamen superiores al 23%, por el hecho de superar los 25 salarios mínimos legales.

¿Por qué no prosperó esta medida? Por la corrupción que evidentemente Mockus no quiere tocar. Esta corrupción la explica Sergio Clavijo:
“Lo que ha ocurrido es que dentro de esta minoría –los de 25 salarios mínimos legales– se encuentran principalmente congresistas, altos magistrados y altos ex funcionarios públicos que se verían afectados, pero que indudablemente deberían tener el ánimo de contribuir a mejorar la distribución del ingreso, así el total de recaudos por esta vía no supere el 0,2 % del PIB.”
El tema de la evasión no sólo surge del ciudadano. Otro gran aporte lo hacen las instituciones judiciales como la Corte Constitucional, que impidió reportar a los deudores morosos con la DIAN, en las centrales de riesgo.

Todo lo anterior, concluye Clavijo, “indica que Colombia tiene un gran potencial de recaudo si llegara a afinar sus controles tributarios y moderara sus generosos e inequitativos alivios tributarios”.

¿Si Colombia tiene un gran potencial de recaudo, simplemente afinando los controles y moderando los alivios, cuáles son los motivos de Mockus para proponer una durísima alza de impuestos?

Las reformas tributarias no mejoran los recaudos

En 2001, la Contraloría General de la República señaló que las últimas 12 reformas tributarias realizadas entre 1970 y 2000, solo incrementaron el recaudo tributario en dos puntos como porcentaje del PIB, lo que demuestra que dichas reformas no han logrado un crecimiento sostenido del recaudo, suficiente para financiar el gasto.

En un excelente trabajo titulado Los métodos para medir la evasión de impuestos: una revisión, publicado por el Observatorio de la Economía Latinoamericana, los autores sostienen que el bajo recaudo se explica por “la evasión de aquellos contribuyentes que no encuentran ningún incentivo para tributar (bien sea porque no lo consideran su deber, porque no están dispuestos a financiar al Estado o porque no esperan ser descubiertos y sancionados), por la evasión como estrategia para competir con quienes evaden, por los efectos negativos de las altas tarifas y además por la pérdida de recaudo generada en las múltiples exenciones. Todo esto se refleja en una baja disposición de los contribuyentes a cumplir voluntariamente”.

Cartera morosa

En Colombia, la cartera morosa con el Estado llegó, en 2009, a 23.8 billones de pesos, según la Contaduría General de la República. El informe señala que mientras las deudas morosas a favor del Estado aumentaron, su promedio mensual de recuperación por parte de las distintas entidades del Estado disminuyó en un 74.92 %. Es más: en total 357.543 personas naturales le adeudan al Estado $16.9 billones de pesos, en tanto que 76.543 personas jurídicas le adeudan $ 6.9 billones de pesos, para un total de $ 23.8 billones de pesos.

En la DIAN, la lista de morosos también es larga. Las obligaciones vencidas, que corresponden al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto de Renta, Retención en la Fuente y tributos aduaneros suman en total 2,5 billones de pesos.

Mockus no habla de la evasión, ni de las pensiones exentas, ni de la enorme cartera morosa: él propone aumentar los ingresos por la vía de una reforma tributaria, que seguramente será una más de las muchas que se han hecho en Colombia y que no han funcionado.

En el fondo, la receta Mockus es un atajo para tener más recursos y disimular el enorme desfalco que comete la corrupción contra el erario.

Tomado de:Atrabilioso
http://www.atrabilioso.blogspot.com/2010/05/el-atajo-tributario-de-mockus.html