REICH & PERDUE: Venezuelan socialism courts an invisible backhand.

Cuban newspaper Juventud Rebelde released a photo showing Venezuelan President Hugo Chavez (left) visiting Cuban President Raul Castro (right) and former President Fidel Castro in 2008. (Associated Press)

LATIN AMERICA

Robbery of American corporation reveals tottering economy
Por: Otto Reich and Jon Perdue
Wednesday, July 7, 2010

Absent a coherent U.S. foreign policy in Latin America, the best ally of democrats in the region has always been the inevitable economic backlash that socialist economic policies create. Other than the military coups and popular rebellions that have removed despots in the region, capital flight and economic chaos have most often augured the demise of the strongman caudillo.

Although it is customary among left-leaning activists to blame the CIA for Salvador Allende's removal from Chile's presidency in 1973, it was the economic bedlam brought about by Allende's nationalizations and economic mismanagement that set the stage for his ouster. This pattern has been repeated with predictable regularity in Latin America, as successive coup leaders have sown their own demise by economic suicide. But this lesson has not been internalized by Hugo Chavez and his fellow evangelists of 21st century socialism, who have staked their longevity in office on the ephemeral vote-buying capacity of redistributionist economics.

The latest illustration of Mr. Chavez's statecraft is the seizure of 11 oil rigs owned by U.S. driller Helmerich & Payne Inc. The U.S. company had shut down the rigs because PDVSA, the state-owned Venezuelan oil conglomerate, had failed to pay $43 million owed to it. This development should not be surprising. PDVSA saw a reduction in revenue from $120 billion in 2008 to $50 billion in 2009 and began to insist that its contractors accept a 40 percent cut in their bills. Rafael Ramirez, PDVSA's president, stated, "We will not pay contractors that have tried to speculate and don't care about our company."

The Financial Times reported in May of last year that Mr. Chavez had already confiscated at least 12 oil rigs, more than 30 oil terminals and about 300 boats from companies that had refused to give up 40 percent of their accounts receivable to the Chavez cause. After the seizure, Mr. Chavez told a crowd of supporters, "To God what is God's, and to Caesar what is Caesar's. Today we also say, to the people what is the people's."

It was this same populist, faux-religious rhetoric that Mr. Chavez used to put the state-owned oil company in charge of his misiones, the social programs for the poor that have diverted Venezuela's "golden goose" oil company from its mission and reduced oil production by 40 percent in the 10 years of Mr. Chavez's rule.

U.S. policy on Venezuela throughout the George W. Bush administration was to downplay Hugo Chavez's histrionics - a policy designed specifically to deny a budding despot the international attention he desired as an acknowledged enemy of "the Empire." But every policy has a trade-off. If the despot is not voted out before he can control the electoral process, the efficacy of this "benign neglect" fades as he consolidates power. Soon the neglect becomes an incentive for him continually to test the "threshold of concern" - the point at which diplomatic retaliation or sanctions are triggered.

Since 2005, Mr. Chavez has been hellbent on crossing that threshold by forming an alliance with Iran and, more important, undermining the sanctions designed to prevent or slow Iran's nuclearization. Both Mr. Chavez and Iranian President Mahmoud Ahmadinejad have used election fraud to perpetuate themselves in power, and both have waged economic warfare against the United States via oil-market manipulation.

But where Mr. Ahmadinejad can count on regional deterrents against retaliation, Venezuela is quite vulnerable to economic pressure. Moreover, if the U.S. decides to pressure Mr. Chavez now, it can indirectly affect the more immediate threat of Iran's nuclear program.

Mr. Ahmadinejad remains overly confident that he can withstand U.S. sanctions as long as Mr. Chavez keeps his promise to deliver 20,000 barrels of oil a day to Iran. If the U.S. quietly announced a policy of replacing the oil it purchases from "unstable" suppliers, the message would be felt unequivocally in Venezuela, which stands to lose much more than the U.S. in any standoff. The fact that oil is a fungible commodity that mostly is purchased by traders on the spot market makes the repercussions of any market manipulation much more deleterious to the producer. So the worst-case scenario for the U.S. could be a brief spike in gas prices. To mitigate this, the U.S. could announce that it will draw on supplies, if needed, from the Strategic Petroleum Reserve.

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DOCUMENTAL: RETORNO AL GULAG.

El comunismo de Stalin es responsable de enviar unas 18 millones de personas a los campos de concentracion que formaban parte del sistema de Gulag sovietico. Esta es la historia de Jon Basil Utley en busca de su padre Arkadi Berdichevsky. Colombia esta en grave peligro de la mano de Juan Manuel Santos, el omunista de las Farc y la combinación de las formas de lucha de quienes son afines al socialismo de siglo XXI.

Guarín en maniobras desesperadas.

Eduardo Mackenzie

Por: Eduardo Mackenzie

30 de junio de 2010

René Guarín desató una nueva campaña de odio contra el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, pocos días después de que éste recibiera la cuestionada y surrealista condena, en primera instancia, de 30 años de prisión. Furioso porque el Inpec había trasladado al Coronel a la Escuela de Infantería de Bogotá, y no a la cárcel de la Picota, el hermano de Cristina Guarín, una de las personas que perdieron la vida en la tragedia del 6 y 7 de noviembre de 1985, acusó al Coronel de “desacato”. Es el mundo al revés: el traslado a la guarnición militar fue una decisión del Inpec, y de nadie más.

En su carta al Inpec del 18 de junio de 2010, la juez María Stella Jara Gutiérrez ordena trasladar al Coronel Luis Alfonso Plazas Vega “a un sitio de reclusión”. Allí la juez no dice que el Coronel debe ser llevado a una cárcel. Al usar la fórmula “sitio de reclusión” la juez indicó, con precisión, que Plazas debía ir a una guarnición militar pues así lo determina la ley. Una resolución vigente habilita a la Escuela de Infantería para servir como lugar de reclusión de los militares que son objeto de un proceso penal. Allí se encuentran, por ejemplo, el general Uscátegui y el general Arias Cabrales. Allí estuvo, hasta su absolución, el Almirante Arango Bacci.

La juez Jara había intentado, en agosto de 2009, trasladar a la Picota al Coronel Plazas violando su estatuto militar. Fracasó. El coronel regresó al Hospital Militar, pues su estado de salud lo exigía. Pero la violencia y arbitrariedad utilizada en ese traslado reveló el alto contenido emocional que impregna ese proceso y la subjetividad más que culpable sobre la que reposa el fallo del 9 de junio de 2010.

René Guarín conoce perfectamente estas cosas. Sin embargo, él no vaciló un minuto al ir a mentir ante varios periodistas bogotanos. El quería que difundieran, como algunos hicieron, su desorientador punto de vista. Lo hizo de manera consciente y deliberada. Y arrastró a ello a Cecilia Cabrera, otra familiar de un “desaparecido”. Y Guarín agregó: “El fallo es claro al decir que la reclusión debe ser en una cárcel, pero la Escuela de Infantería no es una un sitio de reclusión particular”. Falso. La sentencia del 9 de junio de 2010 no aborda el tema del lugar de reclusión. Guarín lo sabe. Sus abogados lo saben. Lo que busca Guarín es impresionar a los periodistas dóciles y desorientar a la opinión pública.

Guarín agregó otra enormidad: “Vamos a escribirle al Tribunal Superior de Bogotá, para que tenga en cuenta este desacato (sic) por parte del coronel Plazas de la sentencia para que le confirme los 30 años que le dio la juez tercera especializada”. ¿Cuál desacato? En ese traslado nadie desacató a nadie. Incapaz de criticar directamente a la juez Jara Gutiérrez por no haber hecho lo que él quería, Guarín ataca de manera cobarde al coronel Plazas. Lo mismo hizo Cecilia Cabrera, quien estimó que ese traslado “es una burla a la justicia”.

De ese episodio hay que sacar una conclusión: cuando se es capaz de mentir tan descaradamente, y en materia tan grave, es porque se ha mentido antes, y, sobre todo, a lo largo de este proceso.

Acostumbrados a obrar a sus anchas, y a diseminar en diarios y radios informaciones falsas, esos personajes insultan ahora a la misma juez Jara y al Inpec. Creyendo haber ganado la partida, con la sentencia del 6 de junio, quieren ir más lejos. Esa voracidad no conoce límites. ¿Por qué ese interés desmedido en que el Coronel Plazas vaya a dar a la Picota, infestada de matones y narco terroristas, gente que él combatió con determinación? ¿Por qué Guarín está gritando ahora que el Coronel Plazas debe ser llevado a una cárcel muy lejos de Bogotá que el llama “cuatro bolas”?

¿Qué se está tramando con esos alaridos?

La campaña de Guarín, quien se mueve entre Bogotá, Madrid y Bruselas, financiado no se sabe por quién, es la de un desesperado. Es comprensible. Probablemente el juez de segunda instancia rechazará la sentencia de la juez Jara Gutiérrez. Pues estamos ante una paradoja: el mayor argumento a favor de la inocencia del coronel Plazas Vega se encuentra en la sentencia de Jara. Los colombianos deberían leer ese documento. Es verdad, son 302 páginas y la prosa no es bella, ni amena, ni fluida. Se encuentran allí tecnicismos, neologismos, giros jurídicos desuetos y teorías rarísimas como el de la “culpabilidad mediata” (lejana). Pero no importa. Esa sentencia, si se la lee con atención, ofrece una verdad: el coronel Plazas es inocente, y la juez no encontró prueba alguna contra él.

El mismo Guarín sabe que lo que cuenta es la venganza. Guarín dijo el 18 de abril de 2010, antes de la sentencia, que ésta tendría poco que ver con la justicia, que sería otra cosa: “Hablar de justicia en un caso como este es muy difícil teniendo en cuenta que es un proceso que comenzó 20 años después de haberse perpetrado el crimen, donde la justicia comienza a actuar tardíamente.” (Ver www.elperiodico.com.co, 18 de abril de 2010).

La juez utilizó, sobre todo, dos testimonios totalmente anómalos: el de Tirso Sáenz y el de Edgar Villamizar. Ambos son falsos de toda falsedad. La juez rechazó el primero (pues éste reveló que había pedido dinero y ventajas procesales a cambio de su falso testimonio), y acogió el segundo, el más ilegítimo y deshonesto. Cualquier otro juez habría anulado ese proceso por la presencia de tales “pruebas”. La Procuraduria General pidió por eso absolver a Plazas. El juez de segunda instancia no tiene más salida que rechazar ese fallo. Guarín y sus amigos lo saben y eso los desestabiliza.

Villamizar es un testigo fantasma. La propia juez nunca lo vio ni lo interrogó. Tampoco la defensa. Su testimonio fue firmado con una firma y una identidad falsas. No se sabe siquiera dónde el fantasma rindió a la fiscal su “testimonio”. Pues en los registros de entrada a la Escuela de Caballería del 1 de agosto de 2007 su nombre no aparece. El fantasma nunca aclaró eso, ni se presentó jamás al juzgado. Su testimonio es un anti-testimonio. ¿Por qué sólo 22 años después de los hechos del Palacio apareció (fugazmente) ese testigo tan sospechoso? ¿Quién mueve los hilos de ese grotesco títere? El fantasma no dice siquiera que vio a Plazas secuestrar ni apresar a nadie. No afirma que fuera testigo de que Plazas diera una orden en ese sentido. La juez no pudo probar que ese fantasma hubiera estado en la refriega del Palacio de Justicia. Esos dos días él los pasó en el batallón Vargas de Granada (Meta). El pretende haber sido transportado el día del incidente en un helicóptero para 14 personas. Las fuerzas militares colombianas no tenían en 1985 ese tipo de helicópteros. Sus helicópteros sólo podían llevar 5 o 6 tripulantes. Ninguno de los combatientes de la fuerza pública vio al fantasma en la refriega. Ese es, sin embargo, el testigo de cargo clave sobre el cual descansan las 302 páginas de la sentencia de la juez Jara Gutiérrez.

La prensa no puedo siquiera preguntarle a la juez por qué falló con un material probatorio tan endeble, pues ella se fue del país sin dejar dirección. Ese proceso es, pues, una montaña de injusticias y de enigmas. Es el escándalo más grande de la historia judicial de Colombia. Ese fallo es una mancha infamante para toda la rama judicial, la cual será lavada por el juez de la segunda instancia.

Tomado de: http://www.observatoriobrasileno.blogspot.com/