Por: Carlos Ponce*
Martes, 22 de Junio de 2010
El gobierno del Presidente Funes cumplió este mes un año de haber asumido el poder. Funcionarios de diferentes instituciones han figurado en los espacios noticiosos exponiendo los logros que, a su juicio, alcanzaron durante los primeros doce meses de su gestión. El gabinete de seguridad no fue la excepción.
Durante el fin de semana pasado escuché a ciudadanos comunes y corrientes criticar con indignación las optimistas declaraciones que brindaron el Ministro de Justicia y el Director de la Policía sobre su primer año de gestión, en un programa matutino de entrevistas.
Muchas de estas personas se preguntaban cómo dichos titulares gubernamentales pudieron desestimar el nivel sin precedentes que han alcanzado los homicidios y extorsiones, la elevada cantidad de masacres y asesinatos cometidos con extrema barbarie, los resultados de encuestas que revelan una opinión pública desfavorable con relación a su trabajo y el resurgimiento del delito de secuestro.
El aparato de seguridad estatal se deterioró de manera significativa en los últimos doce meses. Las nuevas autoridades, en poco tiempo:
(1) Desbarataron sistemas de trabajo policial y penitenciario efectivos.
(2) Ubicarona en unidades y oficinas clave a personal ideológicamente identificado con el partido oficial , sin que contaran con la experiencia, capacidad o formación adecuadas.
(3) Nombraron a ex comandantes guerrilleros en el sistema penitenciario.
(4) Suavizaron las medidas de seguridad en los centros penales y trasladaron peligrosos internos a presidios más cómodos y menos seguros.
(5) Permitieron la organización de un sindicato dentro de la Policía a pesar de que la Constitución de la República lo prohíbe.
(6) Adoptaron un enfoque de trabajo preventivo en detrimento del combate frontal de la criminalidad.
(7) Eliminaron el régimen de disponibilidad que permitía tener a más policías en las calles, retomándolo de nuevo después de experimentar un dramático incremento en la incidencia delincuencial.
(8) Desperdiciaron la experiencia acumulada por profesionales de la seguridad pública responsables de la ejecución y diseño de estrategias efectivas para controlar la delincuencia, ubicándolos en puestos poco relevantes.
(9) Desaprovecharon el apoyo de la Fuerza Armada, ya que sus sesgos ideológicos no permitieron coordinar adecuadamente las operaciones.
La ideologización del sistema de seguridad en el que se fundamentan estos desaciertos, es la responsable del recrudecimiento de la actividad criminal que se ha manifestado en lamentables hechos como los suscitados el fin de semana pasado, en los que presuntos pandilleros atacaron a dos unidades del transporte colectivo asesinando a tiros a ciudadanos inocentes y quemando vivos a otros.
Claudio de Rosa, conocido analista, publicó un artículo de opinión en un importante rotativo nacional, en el que comparaba el "Manual para tomar control de una sociedad", escrito por Lenin, con un documento del partido oficial. De Rosa sugiere, en su escrito, que el FMLN busca destruir el sistema económico y social a través del caos, la infiltración, el desarme de los ciudadanos honestos, la desconfianza en el gobierno y la desviación moral de la sociedad.
Bajo esta perspectiva, el actual fracaso del gabinete de seguridad constituye un éxito político para la izquierda radical, que busca crear las condiciones idóneas para implementar el Socialismo del Siglo XXI en El Salvador.
El desbordamiento de la criminalidad, de ser este el caso, irá progresivamente acompañado de la transformación de las Instituciones de seguridad en entes represores, empleados contra oponentes políticos, siguiendo el ejemplo de los regímenes comunistas implantados en Cuba, Mozambique, Afganistán, Rusia y otros países. Antes de que sea demasiado tarde, se deben de ejecutar estrategias y planes efectivos, para darle esperanza a la población, que ya está cansada de la inseguridad que experimenta y recupere la confianza en las autoridades competentes.
* Máster en Criminología y Ciencias Políticas.
Martes, 22 de Junio de 2010
El gobierno del Presidente Funes cumplió este mes un año de haber asumido el poder. Funcionarios de diferentes instituciones han figurado en los espacios noticiosos exponiendo los logros que, a su juicio, alcanzaron durante los primeros doce meses de su gestión. El gabinete de seguridad no fue la excepción.
Durante el fin de semana pasado escuché a ciudadanos comunes y corrientes criticar con indignación las optimistas declaraciones que brindaron el Ministro de Justicia y el Director de la Policía sobre su primer año de gestión, en un programa matutino de entrevistas.
Muchas de estas personas se preguntaban cómo dichos titulares gubernamentales pudieron desestimar el nivel sin precedentes que han alcanzado los homicidios y extorsiones, la elevada cantidad de masacres y asesinatos cometidos con extrema barbarie, los resultados de encuestas que revelan una opinión pública desfavorable con relación a su trabajo y el resurgimiento del delito de secuestro.
El aparato de seguridad estatal se deterioró de manera significativa en los últimos doce meses. Las nuevas autoridades, en poco tiempo:
(1) Desbarataron sistemas de trabajo policial y penitenciario efectivos.
(2) Ubicarona en unidades y oficinas clave a personal ideológicamente identificado con el partido oficial , sin que contaran con la experiencia, capacidad o formación adecuadas.
(3) Nombraron a ex comandantes guerrilleros en el sistema penitenciario.
(4) Suavizaron las medidas de seguridad en los centros penales y trasladaron peligrosos internos a presidios más cómodos y menos seguros.
(5) Permitieron la organización de un sindicato dentro de la Policía a pesar de que la Constitución de la República lo prohíbe.
(6) Adoptaron un enfoque de trabajo preventivo en detrimento del combate frontal de la criminalidad.
(7) Eliminaron el régimen de disponibilidad que permitía tener a más policías en las calles, retomándolo de nuevo después de experimentar un dramático incremento en la incidencia delincuencial.
(8) Desperdiciaron la experiencia acumulada por profesionales de la seguridad pública responsables de la ejecución y diseño de estrategias efectivas para controlar la delincuencia, ubicándolos en puestos poco relevantes.
(9) Desaprovecharon el apoyo de la Fuerza Armada, ya que sus sesgos ideológicos no permitieron coordinar adecuadamente las operaciones.
La ideologización del sistema de seguridad en el que se fundamentan estos desaciertos, es la responsable del recrudecimiento de la actividad criminal que se ha manifestado en lamentables hechos como los suscitados el fin de semana pasado, en los que presuntos pandilleros atacaron a dos unidades del transporte colectivo asesinando a tiros a ciudadanos inocentes y quemando vivos a otros.
Claudio de Rosa, conocido analista, publicó un artículo de opinión en un importante rotativo nacional, en el que comparaba el "Manual para tomar control de una sociedad", escrito por Lenin, con un documento del partido oficial. De Rosa sugiere, en su escrito, que el FMLN busca destruir el sistema económico y social a través del caos, la infiltración, el desarme de los ciudadanos honestos, la desconfianza en el gobierno y la desviación moral de la sociedad.
Bajo esta perspectiva, el actual fracaso del gabinete de seguridad constituye un éxito político para la izquierda radical, que busca crear las condiciones idóneas para implementar el Socialismo del Siglo XXI en El Salvador.
El desbordamiento de la criminalidad, de ser este el caso, irá progresivamente acompañado de la transformación de las Instituciones de seguridad en entes represores, empleados contra oponentes políticos, siguiendo el ejemplo de los regímenes comunistas implantados en Cuba, Mozambique, Afganistán, Rusia y otros países. Antes de que sea demasiado tarde, se deben de ejecutar estrategias y planes efectivos, para darle esperanza a la población, que ya está cansada de la inseguridad que experimenta y recupere la confianza en las autoridades competentes.
* Máster en Criminología y Ciencias Políticas.
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